Foto: Axel Olivares (NotiPress)
Desde hace años, las agencias de seguridad como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), la CIA o el FBI operan bajo una ley que les permite recopilar comunicaciones de extranjeros sin una orden individual. Eso puede cambiar la próxima semana cuando expire la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés).
FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) es una ley federal de Estados Unidos creada en 1978 que establece los procedimientos para la vigilancia física y electrónica, así como la recopilación de información de inteligencia sobre "potencias extranjeras" o sus agentes. Su objetivo principal es permitir el espionaje legal de personas sospechosas de terrorismo o espionaje.
Su Sección 702 es la parte más potente y debatida de la ley. Esta permite al gobierno de Estados Unidos recopilar comunicaciones de personas extranjeras que se encuentran fuera del país sin una orden judicial, utilizando la infraestructura de empresas tecnológicas estadounidenses (como Google, Meta o proveedores de internet).
En abril de 2024, se aprobó la Ley de Reforma de la Inteligencia y Aseguramiento de América (RISAA) que extendió el programa por dos años más. Se estableció específicamente que la autoridad de la Sección 702 vencería el 20 de abril de 2026.
Fuente: Brookings.edu
Actualmente, a una semana de que se cumpla la fecha, la Cámara de Representantes intentó aprobar una salida de fondo para la Sección 702. Primero fracasó una reautorización de cinco años con reformas y también cayó una prórroga limpia de 18 meses impulsada por Donald Trump y líderes republicanos. Como no hubo mayoría para ninguna de esas dos rutas, la Cámara optó por una extensión corta hasta el 30 de abril.
Como consecuencia, el vencimiento de la ley abrió una grieta en Washington que pone a la privacidad y a la seguridad en el medio de la escena.
La ley (o al menos su contenido) podría prorrogarse hasta 2027
El vencimiento de la Sección 702 no implica un freno inmediato a las facultades de vigilancia del gobierno de Estados Unidos. Aunque el Congreso sigue sin definir si renovará o modificará esa disposición de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, una particularidad legal permitiría que los programas continúen hasta marzo de 2027.
La razón es que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que supervisa el cumplimiento de la FISA, autoriza cada año las certificaciones del gobierno sobre la legalidad de estas prácticas, lo que mantiene vigente durante 12 meses la recolección de llamadas, correos electrónicos y otras comunicaciones vinculadas con inteligencia extranjera.
En Washington, ese mecanismo deja abierta la puerta para que la vigilancia siga operando aun si la Sección 702 expira formalmente. A ello se suman otras herramientas del Ejecutivo que no dependen de una aprobación directa del Congreso, como la Orden Ejecutiva 12333, una directiva presidencial que regula gran parte de la vigilancia fuera de Estados Unidos.
Qué buscan los legisladores
El Congreso quedó dividido en dos bloques. Por un lado, un grupo bipartidista de legisladores impulsa la Government Surveillance Reform Act (Ley de reforma de la vigilancia gubernamental), presentada en marzo por el senador republicano Mike Lee y el demócrata Ron Wyden.
Mike Lee y Ron Wyden. Ambos son ferreos defensores de los derechos a la privacidad y consideran que la sección 702 ha sobrepasado los límites legales.
La propuesta plantea reautorizar la Sección 702, pero con límites adicionales:
- Restricciones al uso de consultas sobre personas estadounidenses
- Prohibiciones a la compra de datos personales a intermediarios
- Nuevas salvaguardas judiciales sobre otras prácticas de vigilancia. Por ejemplo, que el gobierno tenga que pedir una orden judicial para consultar comunicaciones de estadounidenses obtenidas bajo la Sección 702, salvo excepciones de emergencia.
La presión reformista no parte solo del Capitolio. Organizaciones civiles y centros especializados como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) sostienen que la Sección 702 permitió abusos durante años y reclaman que cualquier renovación incluya barreras más estrictas para el acceso a comunicaciones y datos de ciudadanos estadounidenses.
El debate también cobró fuerza por el crecimiento del mercado de datos personales vendidos por intermediarios y por el uso de sistemas capaces de analizar miles de millones de registros de ubicación, navegación y actividad digital.
Cuál es la postura del gobierno de Donald Trump
Fuente: White House
La Casa Blanca se movió en la dirección opuesta. El presidente Donald Trump pidió extender la Sección 702 por 18 meses sin cambios sustanciales y defendió el programa como una herramienta de inteligencia útil frente a amenazas externas. Esa posición coincide con la presión de altos funcionarios del aparato de seguridad, entre ellos la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, quienes buscan mantener la autoridad operativa mientras siguen las conversaciones en el Congreso.
El gobierno, por ahora, no anunció una reforma propia equivalente a la propuesta bipartidista. Su prioridad inmediata es evitar una interrupción del programa y asegurar que el Senado convalide la prórroga corta aprobada por la Cámara. A partir de ahí, la negociación volverá a centrarse en dos rutas: una renovación casi intacta, como la que respalda Trump, o una extensión acompañada de nuevas restricciones sobre búsquedas internas y compra de datos.
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