Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
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En México, más de 17.8 millones de niñas viven expuestas a condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, como la pobreza, la violencia, el trabajo infantil y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI. De ellas, el 30,6% habita en localidades rurales y el 58,4% cuenta con derechohabiencia en algún sistema de salud.
Frente a este panorama, Fundación MSI promueve el acceso a servicios de educación sexual integral, métodos anticonceptivos y aborto seguro, como herramientas fundamentales para transformar realidades. "En México, las niñas tienen derecho a recibir educación integral de la sexualidad pertinente a cada etapa de su vida, así como los servicios requeridos de salud sexual y reproductiva confidenciales, de calidad, oportunos, con el mayor profesionalismo y calidez, lo cual incluye acceso a métodos anticonceptivos y acceso al aborto seguro ante un embarazo producto de violencia", afirmó Claudia Morales Escobar, coordinadora de Vinculación y Difusión de la organización, a NotiPress.
La institución subraya que el derecho a la educación no se limita al acceso a las aulas. La educación integral de la sexualidad, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), permite a las niñas tomar decisiones informadas, prevenir embarazos no deseados y vivir libres de violencia. Esta educación debe ser científica, laica y basada en derechos, proporcionando conocimientos y habilidades para ejercer la autonomía personal.
Morales Escobar indicó que "Fundación MSI impulsa desde hace 26 años, bajo valores como resiliencia, valentía y responsabilidad, el libre acceso de las mujeres a servicios de salud sexual e información sobre derechos sexuales y reproductivos, así como servicios de anticoncepción e interrupción legal del embarazo segura, con el firme objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados y la muerte materna".
En 2024, la organización ofreció información sobre derechos sexuales y reproductivos a más de 58 mil 200 jóvenes a través de su Programa Educativo. También otorgó más de 16 mil 500 servicios e insumos de salud sexual y reproductiva mediante subsidios en todo el país, evitando que razones económicas impidan el acceso a atención médica.
En cuanto a la interrupción legal del embarazo, el 5,56% de los procedimientos realizados por la fundación en 2024 correspondió a jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que refuerza la necesidad de medidas preventivas desde edades tempranas.
La organización insiste en que el rol de los adultos —padres, tutores, docentes y personal médico— debe ser el de guías informados, respetuosos y protectores. "Los adultos deben ser facilitadores para el ejercicio de sus derechos, no barreras", advirtió Morales Escobar.