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La Asamblea Nacional de Francia aprobó definitivamente el derecho a la ayuda a morir. La iniciativa fue promovida por el presidente Emmanuel Macron como parte de su agenda de cambios sociales.
La medida está destinada a pacientes adultos con enfermedades graves, incurables e irreversibles y regula tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Además, establece condiciones médicas, legales y de residencia para solicitar el procedimiento.
La votación se realizó este miércoles 15 de julio, durante la tercera lectura del proyecto. El texto recibió 291 votos favorables y 241 en contra, una mayoría que permitió a la Cámara Baja cerrar su trámite parlamentario después de dos rechazos previos del Senado.
El proyecto había obtenido el respaldo de los diputados en dos ocasiones desde 2025, pero ambas versiones fueron rechazadas por el Senado, donde existe una mayoría conservadora.
Tras la aprobación, Macron agradeció "a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso". La norma todavía no entrará en vigor debido a que será examinada por el Consejo Constitucional antes de completar su proceso legal.
La revisión fue solicitada por el primer ministro Sébastien Lecornu. Entre los puntos bajo análisis se encuentra el plazo de reflexión de dos días previsto para que el paciente confirme su decisión.
El Gobierno explicó que el envío al Consejo Constitucional responde a las diferencias entre las discusiones realizadas en ambas cámaras. Según un comunicado oficial, el examen en el Senado "no permitió un análisis igualmente exhaustivo" capaz de conciliar las expectativas de quienes apoyan la reforma y las inquietudes de sus detractores.
Quiénes podrán solicitar la ayuda a morir
La legislación establece que la persona interesada deberá administrarse directamente la sustancia indicada. Solo de manera excepcional podrá intervenir un médico o un enfermero para aplicar el medicamento.
Los solicitantes deberán ser mayores de edad, contar con nacionalidad francesa o residir legalmente en Francia. También tendrán que padecer una enfermedad grave e incurable, con un pronóstico vital comprometido en una fase avanzada o terminal.
La condición médica deberá provocar un deterioro irreversible de la salud y de la calidad de vida, acompañado por altos niveles de sufrimiento. Estos requisitos buscan delimitar el acceso a pacientes con padecimientos sin posibilidad de recuperación.
Posturas contrapuestas en la sociedad francesa
La Iglesia católica de Francia calificó la aprobación como "una ruptura grave en la historia" del país. Sus representantes afirmaron: "Los efectos de una legislación así todavía no se pueden valorar pero ya se están esbozando. Nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad, cambiará".
La cámara alta del parlamento, de mayoría conservadora, lideró la oposición política e institucional a la medida. Tras la votación, el presidente del Senado, Gérard Larcher, anunció que recurrirá la ley ante el Consejo Constitucional para intentar frenar o modificar su aplicación.
Desde la extrema derecha, Agrupación Nacional calificó el texto legal como "muy peligroso". Argumentaron públicamente que la medida conlleva un elevado riesgo de "abusos" y un quiebre ético en el sistema sanitario.
Parte de la izquierda también se opuso a la legislación. Agrupaciones civiles como el frente Front de Gauche Antivalidiste (izquierda antidiscriminación de discapacitados) denunciaron que la ley generará una "presión social invisible" sobre las personas con discapacidad o de la tercera edad, condicionándolas a solicitar la eutanasia al sentir que son una carga para la sociedad.
Qué países permiten la muerte asistida
Francia se incorpora a un grupo de diez países que permiten alguna modalidad de muerte asistida, ya sea eutanasia (cuando el personal médico administra de forma directa la sustancia letal) o suicidio asistido (cuando el paciente se autoadministra los fármacos).
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Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay permiten ambas modalidades bajo requisitos médicos y legales específicos. Bélgica contempla además el acceso de menores en circunstancias excepcionales y con controles estrictos.
Colombia y Ecuador también reconocen la eutanasia, aunque su autorización surgió mediante decisiones judiciales. En ambos casos, las cortes establecieron condiciones vinculadas con enfermedades graves, incurables o terminales.
Otros países se limitan solo al suicidio asistido. Suiza autoriza que terceros faciliten el procedimiento siempre que no actúen por interés personal, como por ejemplo, si esa persona busca quedarse con una herencia o cobrar una comisión personal. Austria permite esta práctica, pero mantiene prohibido que el médico administre directamente la sustancia.
Lo mismo sucede en Australia, donde un médico solo tiene permitido inyectar directamente la sustancia (eutanasia) si el paciente está físicamente incapacitado para tragar o autoadministrarse el fármaco.
Alemania e Italia cuentan con fallos judiciales que autorizan determinadas formas de asistencia al suicidio. Sin embargo, ambos países todavía debaten leyes que definan de manera integral los requisitos, controles y responsabilidades médicas. En Estados Unidos, 14 estados contemplan la llamada "muerte con dignidad".
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