Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Axel Olivares (Composición/NotiPress)
La violencia, la discriminación y la precariedad laboral configuran el panorama cotidiano de miles de conductoras de aplicaciones digitales en México. De acuerdo con el informe Conectadas al cambio, elaborado por Oxfam México y la red Unidas, el 70% de estas trabajadoras ha experimentado algún tipo de acoso o violencia durante su jornada.
El estudio, basado en encuestas y talleres realizados en 2025, advierte que muchas trabajadoras sufren agresiones físicas, verbales y sexuales por parte de usuarios, sin que existan mecanismos eficaces para su protección. "Llegas a la entrega y te das cuenta de que es una trampa. Te están esperando para asaltarte. ¿Y a quién le reclamas? A nadie", relata una repartidora entrevistada en el diagnóstico.
Las plataformas digitales, según las denunciantes, ofrecen canales de denuncia deficientes o automatizados que no permiten seguimiento ni sanciones reales contra los agresores. Además, cancelar un viaje por motivos de seguridad puede derivar en penalizaciones económicas. El sistema algorítmico castiga estos rechazos disminuyendo la asignación de viajes, lo que impacta directamente en los ingresos de las trabajadoras.
Igualmente, la situación se agrava al considerar el acceso limitado a la seguridad social. Aunque en junio de 2025 entró en vigor una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce la relación laboral entre las plataformas y sus trabajadores, el ingreso mínimo requerido para acceder al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impone barreras desproporcionadas. Según el informe, sólo un 13% logró superar el umbral exigido para la afiliación formal.
Este ingreso mínimo se calcula después de aplicar un "factor de exclusión", en donde las trabajadoras deben generar hasta 150% más del ingreso neto establecido durante los primeros meses de prueba. Esta carga afecta especialmente a las mujeres, quienes, debido a responsabilidades de cuidado, suelen disponer de menos tiempo para generar ingresos suficientes.
Además, el sistema penaliza automáticamente a quienes interrumpen su actividad durante más de 30 días. Esto impacta de forma directa a mujeres embarazadas o en periodo de posparto, quienes al suspender su labor pierden su antigüedad y afiliación al IMSS, incluso si contaban con derechos maternales garantizados por la ley.
Frente a esta realidad, colectivas como Lady Drivers y Hermandad Delivery han creado sus propios sistemas de cuidado. Estos incluyen redes de comunicación, monitoreo en tiempo real y bases de datos sobre zonas de riesgo y usuarios agresores. A pesar de estas acciones autogestionadas, las participantes insisten en que no pueden sustituir la obligación de las empresas de garantizar condiciones seguras y equitativas de trabajo.
En suma, el informe concluye que, sin políticas claras de prevención y atención a la violencia, ajustes en los algoritmos y medidas diferenciadas de acceso a derechos sociales, la reforma laboral podría convertirse en una herramienta de exclusión en lugar de una vía hacia la equidad. Las mujeres trabajadoras en plataformas digitales demandan un entorno que no las obligue a elegir entre su seguridad y su sustento.