Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Durante los años recientes, el maltrato animal cobró relevancia significativa en México y esto derivó a la discusión de una serie de reformas legislativas. La conciencia social sobre la necesidad de proteger a los animales aumentó considerablemente tras el caso de Maple, un perro que sufrió maltrato y cuya historia movilizó a la ciudadanía mexicana.
En respuesta a este caso, se estableció la ley de Protección a los Animales, también conocida como Ley Maple. Esta promueve iniciativas a nivel federal para reforzar la protección animal en todo el país. Una de las reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México en la ley de Protección y Bienestar de los Animales, fue para establecer que los gastos generados por la custodia de animales resguardados sean cubiertos por los responsables de los actos de maltrato.
Antes de esta reforma, las personas, autoridades y asociaciones que recibían animales maltratados debían asumir los costos de su cuidado, incluyendo atención médica, alimentación y estancia. Jesús Sesma Suárez, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, señaló la importancia de la reforma para garantizar que los responsables del maltrato asuman los costos generados por su crueldad.
Por otra parte, la ley Maple incorpora modificaciones cruciales para garantizar un trato digno y respetuoso a los animales, reconociéndolos como seres sintientes desde febrero de 2023. Aunque los animales no son jurídicamente reconocidos como personas, esta ley busca protegerlos debido a su vulnerabilidad y a los patrones de opresión e invisibilización sufrida.
A nivel nacional, 28 de las 32 entidades federativas cuentan con legislaciones donde castigan el maltrato animal. Sin embargo, estados como Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Guerrero aún carecen de leyes específicas en sus códigos penales para sancionar el maltrato y la crueldad animal de manera efectiva.
El caso de Maple en la sociedad fue significativo y cobró mucha relevancia. Maple, un perro de raza shiba inu, fue enviado a un curso de entrenamiento y regresó a sus propietarios en una urna para cenizas, sin haber sido consultados sobre la cremación. La historia, difundida por Adriana Mondragón, la cuidadora de Maple, reveló graves irregularidades en el manejo del caso, derivando a una movilización social para exigir cambios en la legislación.
La ley Maple, en honor a este perro, busca garantizar que ningún otro animal de compañía sufra un destino similar y establece medidas para protegerlos cuando quedan al cuidado de pensiones, veterinarias y escuelas de adiestramiento. A nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa para prohibir el maltrato animal como parte de un paquete de reformas a la Constitución.
Esta reforma busca reconocer los derechos de los animales y declararlos como seres sintientes, estableciendo leyes específicas para su protección. Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), siete de cada diez animales domésticos en México sufren algún tipo de maltrato, y más del 70% de los perros y el 60% de los gatos viven en situación de calle. Esta alarmante situación subraya la urgencia de implementar y hacer cumplir leyes para proteger a los animales de manera efectiva.
México enfrenta un grave problema grave en materia de protección animal. Sin embargo, aunque la legislación mexicana no reconoce derechos a los animales, existe un marco jurídico que los protege. Por otra parte, el estudio "El maltrato animal y sus sanciones en México", elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, revelo que el problema es mucho mayor de lo percibido a través de los videos en redes sociales. También señalo la necesidad de revisar políticas públicas, presupuestos y la efectividad de las instituciones para prevenir y atender el maltrato animal.
Concluyendo, la protección animal en México avanzó significativamente gracias a la concienciación social y a la implementación de reformas legislativas. La ley Maple y las iniciativas federales buscan garantizar un trato digno y respetuoso a los animales, reconociéndolos como seres sintientes y responsabilizando a los maltratadores por los costos generados por sus actos.
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