Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
El caso Ayotzinapa llega a doce años sin que se haya determinado el paradero de la mayoría de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Durante más de una década, investigaciones oficiales, peritajes internacionales y labores de búsqueda han aportado elementos sobre lo ocurrido, pero permanecen preguntas centrales sobre el destino de los jóvenes y las responsabilidades individuales.
Hasta ahora han sido identificados tres de los 43 estudiantes: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Las identificaciones fueron realizadas mediante análisis genéticos con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Los restos relacionados con Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron recuperados en la barranca de La Carnicería, en Cocula. En el caso de Alexander Mora Venancio, la identificación genética corresponde a restos asociados con el río San Juan; autoridades posteriores señalaron irregularidades relacionadas con ese hallazgo y mantuvieron bajo investigación las circunstancias en las que fueron obtenidos los indicios.
Una de las conclusiones institucionales más relevantes llegó en 2022. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sostuvo que la desaparición constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones del Estado mexicano. La misma investigación rechazó la denominada "verdad histórica", que había situado la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula como explicación central de lo ocurrido.
Sin embargo, establecer elementos sobre los ataques y la desaparición no ha permitido responder una de las principales exigencias mantenidas por las familias: conocer dónde están los estudiantes. Las acciones de búsqueda continuaron durante los años posteriores. Para julio de 2023, las autoridades reportaban 128 acciones en nueve municipios de Guerrero y más de mil fragmentos óseos recuperados, aunque solo los análisis correspondientes a los tres estudiantes mencionados habían permitido identificaciones.
La investigación también atravesó diferencias entre las instituciones mexicanas y los especialistas internacionales. En julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su último informe y anunció su retiro de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó posteriormente que el grupo señaló obstáculos para entrevistar a integrantes de las Fuerzas Armadas y obtener información que había solicitado; la CIDH manifestó preocupación por la falta de entrega de esa información.
Con el cambio de administración federal, la investigación continuó. Durante 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que las diligencias recientes se organizan alrededor de cuatro líneas prioritarias, entre ellas nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores vinculados con el caso. La Secretaría de Gobernación indicó en agosto que estos trabajos incorporaron nuevos elementos a las indagatorias.
Sheinbaum también ha señalado que el equipo actual retomó una investigación basada en elementos científicos y detectó omisiones en investigaciones anteriores. La presidenta ha mantenido como objetivos conocer el destino de los estudiantes y avanzar en verdad y justicia, aunque en julio evitó revelar públicamente detalles de los nuevos hallazgos antes de comunicarlos y discutirlos con las familias.
En el 12 aniversario de Ayotzinapa, el Gobierno informó que las madres y padres ya recibieron información sobre los avances y que habría un informe público antes del 26 de septiembre. En agosto también anunció que continuarían las búsquedas, el análisis de información y las gestiones para extradiciones pendientes.
Así, doce años de investigaciones han permitido identificar a tres estudiantes, descartar como explicación institucional la llamada "verdad histórica" y establecer nuevas líneas sobre los acontecimientos y participantes. Pero el expediente permanece abierto: el destino de la mayoría de los 43 estudiantes continúa sin determinarse, las búsquedas siguen activas y las investigaciones actuales buscan incorporar evidencia y responsabilidades que no quedaron esclarecidas en etapas anteriores.
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