Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Desde el 29 de agosto de 2024, la nueva Ley de Vivienda en la Ciudad de México entró en vigor con el objetivo de frenar el incremento excesivo de rentas y garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables. Sin embargo, a partir de los últimos días de diciembre comenzaron a aplicarse algunas de sus disposiciones, estableciendo cambios significativos en el mercado inmobiliario de la capital del país.
Entre las reformas destacadas, se incluye la obligatoriedad del registro de contratos de arrendamiento, una medida que busca promover la transparencia en las operaciones inmobiliarias y evitar prácticas como el cobro de rentas abusivas. Este registro también impactará los contratos vigentes, con el fin de regularizar el mercado de arrendamientos en su totalidad.
Otra disposición clave es el establecimiento de un límite al incremento de rentas, que no podrá superar la tasa de inflación anual determinada por el Banco de México. Adicionalmente, se priorizará la construcción de vivienda pública en renta, particularmente en zonas con altos índices de vulnerabilidad económica.
Impacto en la población y el mercado inmobiliario
El acceso a vivienda en la Ciudad de México fue un desafío constante debido a la alta densidad poblacional y la creciente demanda. Estas reformas buscan generar un equilibrio en el mercado inmobiliario, fomentando condiciones más justas tanto para propietarios como para inquilinos.
Además, la ciudad cuenta con programas de apoyo habitacional como el Instituto de Vivienda (INVI), que ofrece créditos accesibles y recursos para la mejora o adquisición de inmuebles, y el Programa de Vivienda en Conjunto, destinado a la construcción de unidades habitacionales de interés social. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) también canaliza subsidios para atender a grupos en rezago.
Con estas reformas, el Gobierno de la Ciudad de México busca atender la creciente preocupación por el acceso a una vivienda digna y accesible. Estas medidas están diseñadas para beneficiar tanto a inquilinos como a los sectores más desfavorecidos, generando un marco más transparente y equitativo en el mercado inmobiliario local.
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