Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana, marcando un punto de inflexión en la política de drogas en México. Este fallo histórico permitió a las personas adultas solicitar permisos para cultivar, consumir y transportar cannabis para uso personal, bajo autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, la comercialización y distribución masiva del cannabis permanecen en un limbo legal, lo cual complicó los objetivos de reducir el mercado ilegal y facilitar el acceso a medicamentos derivados de cannabis.
Uno de los principales retos tras la despenalización sigue siendo el combate al tráfico ilegal de cannabis. Según el periodista Luis Chaparro, el Cártel de Sinaloa adaptó sus métodos de distribución, creando dispensarios clandestinos en Culiacán los cuales simulan ser negocios legales al estilo de California. Estos puntos de venta se encuentran en zonas concurridas, como las cercanías de universidades y áreas céntricas, y son administrados por miembros del cártel. Chaparro destaca que esta estrategia, impulsada por "Los Chapitos", líderes del cártel, permitió a estas organizaciones mantener el control del mercado, aprovechando los vacíos legales y la falta de regulación efectiva.
Por otro lado, el acceso al cannabis medicinal enfrentó desafíos aún mayores. Si bien en 2017 se aprobó un marco regulatorio para el uso terapéutico y en 2021 se publicaron las normativas específicas, la implementación fue algo confusa. Pacientes con enfermedades como epilepsia, cáncer y esclerosis múltiple denunciaron dificultades para adquirir medicamentos de cannabis en instituciones públicas. Un artículo hecho por la periodista Hannia Novell señala que la falta de productos en el cuadro básico de salud y los elevados costos obligaron a muchos pacientes a recurrir al mercado negro, exponiéndolos a productos sin controles de calidad.
Resaltó el caso de Arantza Ortiz, una niña con epilepsia severa la cual necesita tratamientos basados en cannabis, es un ejemplo representativo de estas barreras. Según su madre, los medicamentos en ese momento cuestan entre 400 y 800 dólares trimestrales, una suma que para muchas familias es complicado de costear. A pesar de que tribunales ordenaron a instituciones públicas proporcionar estos tratamientos, la falta de voluntad política y los vacíos legales impidieron a los pacientes recibir el medicamento de manera oportuna.
A pesar de los avances en la despenalización, México enfrenta un panorama complejo. La falta de un marco regulatorio claro y efectivo podría permitir que el crimen organizado pueda crecer y que los pacientes sigan enfrentando barreras para acceder a tratamientos medicinales.
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