Foto: Agenda Estado de Derecho
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite formal a una segunda demanda internacional colectiva presentada en representación de más de 400 jueces federales y magistrados de México. La resolución activa un emplazamiento para que el Estado mexicano responda en un plazo de cuatro meses por las afectaciones señaladas contra la carrera judicial.
El caso está vinculado con la reforma judicial que modificó el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. El expediente fue impulsado por Servicios Internacionales de Profesionales en Derechos Humanos (SIPDH), cuyo director, Víctor Rodríguez Rescia, confirmó la notificación mediante un video difundido en Facebook por Petroleros unidos por México.
Una segunda demanda colectiva llega al sistema interamericano
Rodríguez Rescia afirmó que el avance del trámite representa un paso relevante para los juzgadores representados ante el organismo regional. "Acabamos de recibir hoy la notificación de la Comisión Interamericana de que ya registró y le dio trámite a la demanda... es la segunda que ya registra y admite la Comisión Interamericana en nombre de más de 400 jueces que nosotros representamos, jueces federales y magistrados", puntualizó.
La acción forma parte de una estrategia legal internacional iniciada tras el agotamiento de vías internas de defensa. En el material proporcionado, el director de SIPDH señaló que la ruta ante el sistema interamericano se abrió frente a decisiones nacionales que, desde su postura, afectaron la independencia judicial y los derechos adquiridos de los juzgadores.
Carrera judicial y seguridad jurídica quedan en el centro del reclamo
El litigante sostuvo que la crisis del Poder Judicial no comenzó con la reforma más reciente. En su mensaje, aseguró que los problemas nacen a raíz de un periodo de presiones institucionales y presupuestales sobre jueces federales y magistrados.
"Son jueces federales y magistrados que han venido siendo ultrajados por 7 años. Les han venido disminuyendo los salarios, la independencia judicial; pero hace 2 años que hicieron una reforma a la justicia que la gente creyó que iba a afectar solo a los jueces y tal vez no hicieron nada por defender", declaró Rodríguez Rescia.
La demanda también refiere el impacto de las reformas constitucionales orientadas a sustituir de forma masiva a personas juzgadoras en funciones e implementar su elección mediante voto popular. Ese punto concentra una de las principales tensiones del expediente, porque los promoventes señalan afectaciones a la estabilidad judicial.
México deberá responder ante la CIDH
El plazo de cuatro meses coloca el caso en una etapa formal de respuesta estatal. La Cancillería mexicana deberá presentar argumentos técnicos ante la Comisión Interamericana para justificar la legalidad de las medidas cuestionadas.
El conflicto llegó a la instancia internacional después de que juzgados locales y federales emitieran suspensiones contra partes del proceso normativo y electoral. Las coaliciones de juzgadores, asesoradas por organizaciones y firmas legales, recurrieron al sistema interamericano tras considerar bloqueadas las vías internas.
Si la respuesta de México no satisface a la CIDH, el expediente podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal con facultades para emitir sentencias vinculantes y ordenar reparaciones al Estado mexicano.
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