Foto: Wotancito (Wiki Commons: CC BY 4.0)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 al documentar omisiones en la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el inmueble conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde se localizaron diversos indicios relacionados con posibles hechos delictivos.
De acuerdo con el comunicado DGDDH/029/2026, emitido el 5 de marzo de 2026 en Ciudad de México, el organismo nacional concluyó que ambas instituciones estatales omitieron el procesamiento técnico adecuado de las evidencias y no aseguraron correctamente el sitio. Lo cual derivó en violaciones a derechos humanos vinculadas con la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
La CNDH indicó que la investigación fue atraída el 18 de marzo de 2025 por presuntas violaciones a derechos humanos. Posteriormente, personal del organismo acudió al rancho Izaguirre los días 19 y 20 de marzo de ese año para realizar diligencias de observación y reconocimiento del inmueble. El cual se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía estatal.
Según el análisis del expediente de queja, el organismo acreditó irregularidades en el manejo de indicios y en la preservación del lugar de los hechos. En el comunicado se señala: "La Fiscalía y el Instituto de Ciencias Forenses estatales omitieron el procesamiento técnico de las evidencias, sin asegurar, adecuadamente, el sitio".
Durante la investigación también se identificó que en el inmueble se localizaron diversos indicios relacionados con posibles delitos, entre ellos siete vehículos automotores, armas de fuego, objetos de interés criminalístico, indicios de naturaleza balística y un elemento óseo. Sin embargo, el organismo documentó que varios de estos hallazgos no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados correctamente en los dictámenes correspondientes.
La CNDH también determinó que el personal de Fiscalía estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no realizó de forma integral el procesamiento técnico de los indicios encontrados en el lugar. El organismo señaló que estas fallas incluyeron deficiencias en la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de evidencias.
Asimismo, el análisis del expediente reveló que no se localizaron dictámenes periciales que acreditaran un procesamiento técnico exhaustivo de los vehículos encontrados en el inmueble. De acuerdo con el documento, tres de esas unidades fueron sustraídas el 25 de noviembre de 2024.
Otro de los puntos señalados por la CNDH fue la falta de registros completos en la cadena de custodia de las evidencias. El organismo advirtió que en el expediente revisado no se encontraron constancias que acreditaran el aseguramiento de varias prendas ni la elaboración de registros correspondientes.
También se identificó un retraso en el procesamiento de muestras biológicas recabadas en el inmueble. Un dictamen de genética fue emitido el 19 de marzo de 2025; sin embargo, la comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta ese mismo mes, pese a que las muestras habían sido entregadas al instituto forense desde septiembre de 2024.
El organismo nacional también señaló que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de diversas personas al inmueble cuando el sitio aún se encontraba en proceso de intervención pericial. De acuerdo con la investigación, la cantidad de participantes provocó la pérdida de control del área, lo cual derivó en alteraciones en el lugar y en posibles indicios.
Asimismo, el organismo documentó que parte de los elementos probatorios se encuentran exhibidos en la página de internet oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto en un archivo que reúne 1,842 indicios con su registro fotográfico, sin que se hubiera garantizado adecuadamente la cadena de custodia.
Ante estos hallazgos, la CNDH solicitó a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar diversas acciones. Entre ellas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones a derechos humanos identificadas.
El organismo también pidió elaborar o actualizar protocolos para la correcta preservación y aseguramiento de lugares de intervención. Así como garantizar el procesamiento técnico de indicios, el manejo adecuado de la cadena de custodia y la generación de dictámenes periciales confiables.
Además, la Fiscalía de Jalisco deberá colaborar en el procedimiento administrativo que el organismo inicie en la Contraloría Interna contra servidores públicos señalados en la recomendación e implementar programas de capacitación en materia de derechos humanos y manejo de evidencias.
Finalmente, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses deberá colaborar en la integración de las carpetas de investigación en trámite y participar en procedimientos administrativos correspondientes, además de establecer formación especializada sobre el procesamiento técnico-científico de indicios.
La Recomendación 11/2026 ya fue notificada a las autoridades señaladas y puede consultarse en el portal oficial de la CNDH.
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