Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Patricia Manero (NotiPress/IA)
El gobierno de Estados Unidos instruyó a sus fiscales federales a utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico, en particular con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. La medida permitirá presentar cargos con sanciones más severas, incluida la posibilidad de cadena perpetua, al incorporar el delito de apoyo material a organizaciones terroristas.
De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó intensificar las investigaciones contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos señalados por presuntamente colaborar con grupos criminales.
Según la información, la instrucción fue comunicada en una reunión encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del DOJ, quien coordina las prioridades de los 93 fiscales federales del país. Durante ese encuentro, Singh habría solicitado "triplicar" las acusaciones contra funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilizan sus cargos para beneficiar a organizaciones del narcotráfico.
Esta estrategia jurídica se sustenta en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025, mediante la cual varios cárteles latinoamericanos fueron designados como organizaciones terroristas. Esta clasificación permite a los fiscales formular cargos adicionales a los de narcotráfico y lavado de dinero.
La ofensiva tomó mayor relevancia tras la acusación presentada en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados a su administración. El expediente judicial citado por el diario estadounidense señala que políticos y mandos de seguridad habrían recibido sobornos y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones sostienen que, a cambio, algunos servidores públicos habrían brindado protección institucional y facilitado operaciones del narcotráfico. El caso ya ha generado tensión política por la posibilidad de nuevas órdenes de captura o solicitudes de extradición por parte de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó aplicar leyes antiterrorismo para investigar y procesar a funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con cárteles. Tienen el objetivo de ampliar los cargos y endurecer las sanciones previstas por la legislación estadounidense.