Ciudad de México,
Axel Olivares
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Casi medio millón de estadounidenses murieron por sobredosis o envenenamiento por drogas en los últimos cinco años. Así lo indica la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 publicada por la Casa Blanca el 4 de mayo.
A partir de ese dato, el Gobierno de Estados Unidos presentó un plan centrado en reducir la oferta de drogas ilícitas, atacar cadenas globales de suministro y prevenir el consumo dentro de su territorio.
La estrategia, publicada en Washington, plantea una respuesta de gobierno completo frente al fentanilo, la metanfetamina, la cocaína y otras sustancias. El documento divide su enfoque en dos frentes:
El plan también introduce una lectura de seguridad nacional. Estados Unidos señala que las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones terroristas extranjeras explotan cadenas comerciales, rutas fronterizas, plataformas digitales y sistemas financieros para mover drogas, precursores químicos, armas y ganancias ilícitas.
Entre sus metas operativas, la estrategia fija objetivos para decomisos, desmantelamiento de organizaciones criminales, incautación de armas y control de precursores químicos. En drogas incautadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el documento toma como base 807 mil 131 libras en 2024 y plantea llegar a 887 mil 844 libras en 2026.
La administración de Donald Trump señala diferentes países y planes de trabajo para aplicar en cada uno. Entre ellos, México figura como una prioridad.
La frontera suroeste aparece como el punto principal de la amenaza sintética. El documento describe la línea terrestre de casi 2 mil millas con México como el corredor principal para drogas ilícitas que representan el mayor riesgo para vidas estadounidenses. También atribuye a cárteles mexicanos la producción y tráfico masivo de fentanilo y metanfetamina.
La estrategia señala líneas de trabajo para que México incremente la incautación de precursores, reduzca la producción y elimine la capacidad de los cárteles para amenazar territorio, seguridad y protección estadounidenses mediante estructuras de mando y control extraterritoriales.
"El Departamento de Estado… en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio" señala la estrategia.
La presión también alcanza a empresas. El documento plantea sanciones económicas y acciones penales contra entidades comerciales, extranjeras o nacionales, que faciliten la producción o tráfico ilícito de drogas mediante cadenas de suministro vulnerables.