Foto: Gobierno de México
Si durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se vivió el peor momento de las relaciones con Ecuador, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum la tensión diplomática se trasladó a Perú, detonada por el asilo concedido a la exprimera ministra Betssy Chávez —procesada por participación en el intento de golpe de Estado en 2022 junto al expresidente Pedro Castillo—. Estas decisiones han provocado el fin de las relaciones bilaterales tanto con Ecuador como con Perú. Por parte de este último, solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) una revisión de los criterios para otorgar asilo.
Las acciones han sido justificadas por ambos mandatarios en nombre de la defensa del democracia en Latinoamérica, pero no han tenido el mismo criterio en otros países donde la persecusión política es moneda corriente. A pesar de que se puede entrever la alineación con los dirigentes de izquierda (Jorge Glas en Ecuador y Betssy Chávez en Perú), un dogma que Sheinbaum no se cansa de repetir es la no intervención en las políticas de otros países, es decir, apela a la famosa Doctrina Estrada.
Formulada en 1930 por el canciller Genaro Estrada, la Doctrina Estrada establece que México no debe calificar ni intervenir en los asuntos internos de otros Estados, incluyendo cambios de gobierno, procesos judiciales o crisis institucionales. Bajo este principio, el país ha evitado pronunciarse sobre la legitimidad de gobiernos extranjeros o sus instituciones.
Paralelamente, México consolidó una política exterior marcada por el asilo humanitario, brindado a personas perseguidas políticamente durante regímenes autoritarios en América Latina, como en los casos de las dictaduras del Cono Sur y la Guerra Civil Española. La coexistencia de ambas tradiciones se sostuvo por décadas bajo la premisa de que el asilo no juzga al sistema político del país solicitante, sino que busca proteger derechos fundamentales ante riesgos de persecución.
Sin embargo, los casos recientes han complejizado el escenario. Por su parte, las autoridades ecuatorianas acusaron a México de interferir en un proceso penal en curso contra el expresidente Jorge Glas, especialmente tras la entrega de un salvoconducto diplomático y su intento de extracción de la embajada, lo cual derivó en una cuestionada irrupción de fuerzas ecuatorianas en la sede diplomática mexicana.
Desde la perspectiva de países como Perú y Ecuador, estas decisiones constituyen una forma de injerencia indirecta, al brindar refugio a figuras acusadas de delitos graves, no necesariamente perseguidos políticos. Esto, argumentan, representa una desconfianza implícita hacia sus sistemas judiciales y afecta la capacidad de ejercer justicia en sus territorios.
Bajo el Gobierno de Morena, México sostiene lo contrario. Argumenta que el asilo se otorga bajo criterios humanitarios, sin emitir juicios sobre la validez de los procesos judiciales extranjeros. Conforme al principio de no devolución (non-refoulement), el país considera que su actuación no contraviene la Doctrina Estrada, ya que se limita a proteger a individuos sin calificar a los gobiernos que los acusan.
La Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954 reconoce el derecho de los Estados a otorgar asilo, pero también establece que este no debe interferir con la jurisdicción interna del Estado territorial. Esta ambigüedad permite interpretaciones contrapuestas y hasta da lugar a la arbitrariedad. México no ha aplicado el mismo criterio en otros países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, países en donde dirigentes políticos sufren persecución, desapariciones y torturas de manera constante.
En Venezuela, por ejemplo, muchos partidarios de María Corina Machado han tenido que acudir a la embajada argentina para refugiarse de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Es en esos contextos políticos donde la presidenta Sheinbaum ha apelado paradojicamente a la histórica doctrina para asegurar que México respeta las políticas internas de un país extranjero.
México se encuentra ante una disyuntiva sin resolución oficial: mantener su histórica tradición humanitaria sin que ello se interprete como un acto de intervención. El resultado, según observadores diplomáticos, es una política exterior que opera bajo equilibrios cada vez más frágiles que llevan a una política exterior tuerta que privilegía a los Gobiernos de izquierda e ignora a quienes necesitan el asilo por fuera de cualquier disputa ideológica.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
