Ciudad de México,
Fernanda Martínez
Crédito foto: Sergio Cara (NotiPress)
El Gobierno de México presentó una segunda demanda por tráfico de armas en Arizona, Estados Unidos, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en sus redes sociales. En la demanda se señaló a cinco empresas de dicho estado por participar en el tráfico de dichos productos al país.
"Si no paramos este flujo, tremendo, de armas hacia México, ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí?", cuestionó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso, solicitó al gobierno estadounidense su apoyo para reducir el flujo de armas, de la misma manera en que México los apoya en la lucha contra el fentanilo.
Ebrard señaló que la demanda se dio porque Arizona exporta las armas que aparecen en delitos como homicidios o feminicidios. En ese sentido, para evitar la comisión de delitos se busca evitar, por la vía legal, la compra-venta y su posterior importación al país.
De acuerdo con el canciller, hay una recurrencia y por ende, se presume que existe el tráfico de armas, las cuales están dirigidas a México. Por ello, se solicitó a la corte de Arizona, que por medio de la querella se sancione a las empresas, pues es un delito de acuerdo a las últimas reformas estadounidenses.
Las cinco empresas señaladas en el documento son:
En agosto de 2021, Marcelo Ebrard presentó una demanda civil contra 15 fabricantes de armas en Estados Unidos ante el juzgado de Boston, Massachusetts. Pues, en 2019 dichos artefactos fueron responsables de 17 mil homicidios en el país, ocasionando altos costos por afectaciones médicas y pérdidas en turismo.
La primera querella buscaba una compensación por parte de las empresas demandadas por un monto que sería determinado en el juicio. Sin embargo, un juez desestimó la demanda el 30 de septiembre de 2022.
No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 5 de agosto de 2022, aseguró que el gobierno de México iba a "reclamar" la decisión. Igualmente, el canciller declaró ante el Senado que se buscará demostrar la operación de prestanombres para fincar responsabilidades penales.