Foto: Composición por Gustavo Torres (NotiPress)
Samuel García, gobernador de Nuevo León y su esposa, Mariana Rodríguez, extrajeron a un niño discapacitado de 5 meses del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). Bajo el argumento de que tenían un permiso de convivencia para el fin de semana del 15 al16 de enero de 2022, la pareja retiró al infante de las instalaciones, quien quedó expuesto ante múltiples violaciones de sus derechos, de acuerdo con diferentes organizaciones.
El 15 de enero del 2022, García y su esposa, funcionaria pública y titular de la Oficina ‘AMAR a Nuevo León’ solicitaron un permiso de convivencia en el DIF Capullos. Posteriormente, tras asumir el cuidado del infante, su derecho a la identidad, a la vida privada y sus derechos relacionados con la aplicación del interés superior quedaron comprometidos, según la organización internacional Save the Children. Aunado a esto, la organización aseguró que este acontecimiento pudo haberse tratado de un delito de trata de personas. De igual forma, el infante fue mostrado usando ropa vinculada con los colores representativos de la campaña política del gobernador neoleonés, afirma la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
De acuerdo con los artículos 68 y 80 de la Ley general de derechos de niñas y niños, queda prohibida la difusión de imágenes de la niñez. Puesto a que el bebé seguía bajo la responsabilidad jurídica del DIF local, no estaba permitido que este fuera expuesto.
Diferentes instituciones aseguran que se deberá hacer una revisión de lo protocolos de adopciones y visitas para verificar cuales fueron las normar incumplidas, así como una investigación por parte de autoridades federales. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León deberá de determinar la responsabilidad del gobernador y su esposa, así como su posible afectación a los derechos del niño en cuestión.
La adopción es un mecanismo legítimo y válido para brindarle atención a infantes que no tengan cuidados familiares de primera instancia, pero existen lineamientos que deben de ser estrictamente cumplidos. Aun cuando el hecho pudo haber tenido una aparente motivación humanitaria, no tuvo en cuenta el interés superior del menor. El evento solo sirvió para reflejar las excesivas carencias de los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes. Es vital establecer medidas las cuales garanticen el óptimo funcionamiento de las instituciones gubernamentales implicadas en la polémica.
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