Foto: Gobierno de México
La titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó sobre una serie de cambios que busca implementar en la actual Secretaría de la Función Pública (SFP) para fortalecer la lucha contra la corrupción. Durante su intervención en la mañanera del 17 de octubre 2024, Buenrostro detalló que la dependencia será rebautizada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, con una visión más enfocada en la prevención y la transparencia.
El objetivo de esta transformación es "cambiar la mística y vocación" de la Secretaría, mencionó Buenrostro. Destacó, los esfuerzos ya han mostrado resultados concretos, como una reducción del 11.2% en los actos de corrupción en México. A partir de estas modificaciones, se pretende que las instituciones públicas trabajen bajo estándares internacionales y con un enfoque preventivo, dejando de lado el modelo correctivo que ha imperado hasta ahora.
Por otro lado, el cambio de nombre de la Secretaría es parte de una reestructuración más amplia que busca separar el poder político del económico, según explicó la funcionaria. Entre las acciones clave se encuentra la eliminación de intermediarios en la entrega de recursos de programas sociales, garantizando que lleguen directamente a los beneficiarios, así como la desaparición de privilegios fiscales que contribuyen a una mayor equidad. Además, destacó que la política de austeridad republicana ha sido fundamental para reducir lujos innecesarios dentro del ejercicio gubernamental.
A nivel global, la corrupción representa el 5% de la economía, lo que en México equivaldría a más de un billón de pesos, según cifras compartidas por Buenrostro. Al fortalecer la mística de austeridad y transparencia, se busca destinar más recursos a programas sociales y servicios públicos.
La nueva dependencia trabajará con lineamientos orientados a dignificar el servicio público, mejorar la capacitación técnica de los servidores y garantizar un acompañamiento preventivo en las instituciones. Entre las áreas prioritarias se encuentra el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, garantizando la confidencialidad de quienes reporten actos ilícitos, y combatiendo la impunidad para asegurar que violar la ley tenga consecuencias más severas que cumplirla.
Este cambio de enfoque, afirmó Buenrostro, representa un esfuerzo por "transparentar el ejercicio público" y sumar tanto a la sociedad civil como al sector privado en la lucha contra la corrupción, buscando que los Órganos Internos de Control se enfoquen en áreas de mayor impacto.
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