Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que no sostendrá una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su mañanera del 10 de octubre, señaló que será la Secretaría de Gobernación la encargada de entablar el diálogo con la institución. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones respecto al papel del Poder Judicial y su relación con el Ejecutivo, particularmente en torno a la reciente reforma constitucional sobre la elección de jueces, magistrados y ministros.
En cuanto a la entrega del listado de jueces al Senado de la República, la mandataria aclaró que dicha acción fue decidida por el Consejo de la Judicatura. La votación terminó con un ajustado resultado de 4 a 3 a favor de hacer entrega del listado. Esta medida ha generado controversia, pero la presidenta insistió en que forma parte del proceso democrático de transparencia en el Poder Judicial.
Asimismo, fue enfática al subrayar que los partidos políticos no tienen ningún tipo de injerencia en la elección de jueces, magistrados o ministros. "Los partidos no juegan ningún papel en esta elección; esta es una decisión que le corresponde al Poder Judicial y debe mantenerse independiente de cualquier intervención política", afirmó.
En este sentido, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la aceptación de la reforma judicial que ya ha sido aprobada, recordando que fue una decisión del pueblo mexicano, y que no habrá retrocesos en la implementación de esta reforma. "Es fundamental que se respete la voluntad popular, y no vamos a permitir ningún paso atrás en este proceso. La elección de jueces, magistrados y ministros ya no será controlada por intereses políticos o de poder", aseguró.
La reforma constitucional al Poder Judicial tiene como objetivo garantizar un proceso más transparente y democrático en la selección de los jueces y magistrados del país, eliminando posibles influencias externas. Con esto, se busca fortalecer la independencia judicial y la confianza pública en el sistema legal.
Finalmente, al delegar la interlocución con la SCJN a la Secretaría de Gobernación, el Gobierno mantiene su postura firme respecto a la autonomía de los poderes, subrayando que cualquier diálogo deberá basarse en el respeto a la reforma constitucional y en el reconocimiento de la voluntad popular, que es la base de cualquier cambio estructural en el país.