El principio de Supremacía Constitucional y el debate sobre las reformas en México

La Supremacía Constitucional ha sido definida por expertos en derecho como un principio fundamental que establece a la Constitución como la norma jurídica de mayor jerarquía en México, lo que significa que ninguna ley o acto puede contravenir sus disposiciones. En este sentido, el abogado Raúl Jiménez Vázquez destacó en la mañanera del 31 de octubre de 2024 que esta jerarquía constitucional debe adaptarse mediante reformas que respondan a las demandas sociales del país, subrayando que la Constitución es un documento vivo y sujeto a cambios que acompañan la evolución de la sociedad mexicana.

Actualmente, el juicio de amparo, uno de los instrumentos legales más utilizados para la defensa de derechos en México, es improcedente para revisar o cuestionar reformas o adiciones a la Constitución, particularmente aquellas que involucran cambios históricos y estructurales. Esta prohibición ha sido elevada a rango constitucional, lo que impide que las reformas puedan someterse a revisión judicial, consolidando su inamovilidad una vez aprobadas.

El tema ha suscitado controversias entre la administración actual y sectores de la oposición, quienes han manifestado su desacuerdo con ciertas reformas constitucionales impulsadas por el gobierno. La presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que algunos de estos opositores critican la Ley de Amparo, a pesar de haber contribuido en el pasado a su modificación y a su integración en la propia Constitución. Sheinbaum también expresó que las acusaciones de la oposición, que incluyen desde llamados a su destitución hasta el cuestionamiento del presupuesto asignado al Palacio Nacional, forman parte de una estrategia para llevar la discusión política al ámbito judicial.

Finalmente, Sheinbaum instó a los ministros de la Suprema Corte a actuar "en consecuencia" respecto a los principios de la Supremacía Constitucional y recordó que su mandato es resultado de la voluntad popular, sugiriendo que las decisiones de la Corte no deberían ir en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas.