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Durante las semanas próximas, la Suprema Corte de Justicia (CSJN) tomará una determinación en torno a la eliminación de la prisión preventiva de oficio. Durante la conferencia matutina del 16 de abril de 2024, María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, expresó su preocupación en torno a la invalidación del artículo 19 Constitucional.
Alcalde explicó, esta decisión se derivó de una resolución emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 2023. Al ser esta una estancia judicial internacional que pertenece a la Organización de Estados Americanos, México está obligado a atender dicha resolución. La cual establece que deben adecuarse las leyes a fin de eliminar la prisión preventiva en el país.
Sin embargo, Alcalde argumenta, la Corte "atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar como se le debe dar cumplimiento, sin tomar en cuenta otras instituciones". Entre estas, que el Congreso de la Unión debería analizar las posibilidades y repercusiones derivadas de modificar el artículo 19 constitucional.
Tomando esto en cuenta, Alcalde externó su preocupación al considerar que la Suprema Corte está excediendo sus facultades y aprecia, el ente no está dimensionando las repercusiones en la paz y seguridad del país de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Ante ello, informó que Segob envío una carta a los ministros para plantear dichos señalamientos.
Como parte de lo anterior, Alcalde afirma que eliminar la prisión preventiva tendría como consecuencia la liberación de más de 68 mil presuntos delincuentes, los cuales se encuentran en prisión bajo este precepto. Junto con ello, compartió un listado de la cantidad de presos en relación con los delitos de los cuales son acusados y los estados que se verían más afectados de concretarse esta medida.
Así, la Segob, con apoyo de la presidencia, evidencia que, desde su perspectiva, esta determinación conlleva ciertos riesgos para la sociedad. Los cuales incluyen la probabilidad de la comisión de nuevos delitos, alto riesgo de fuga, carga excesiva para los juzgados y vulneración a la seguridad nacional. Además, Alcalde afirma, parte del problema de que las cifra de personas en prisión preventiva oficiosa sea tan alta es el tiempo de procesamiento y resolución para la liberación de las personas, proceso a cargo de la Suprema Corte.
En contraste con ello, los organismos que solicitan a México modificar la ley en torno a la prisión preventiva oficiosa, basan su resolución en que esta medida vulnera los derechos humanos. En 2021, Intersecta en colaboración con Animal Político, realizó una investigación con el objetivo de demostrar que la reforma con la cual se implementó el encarcelamiento preventivo no fue relevante en el combate a la impunidad y violencia, como se pretendía.
A través de esta, se concluyó que la reforma aceleró el encarcelamiento de personas en situación económica vulnerable. Bajo lo cual, sostienen, "la prisión preventiva castiga a la pobreza en vez de avanzar hacia un sistema donde esta medida sea excepcional". Desde este enfoque, la prisión preventiva vulnera los derechos de las personas al no garantizar las mismas oportunidades para defenderse de manera equitativa y sin que nadie sea discriminado por sus condiciones socioeconómicas.
De esta manera, al igual que en el año 2021, en el cual inició el debate sobre la eliminación preventiva oficiosa, las opiniones en torno a si esto implica un riesgo para la sociedad o perpetúa la vulneración de los derechos asociados a la justicia, se mantienen divididas. Sin embargo, la clave en torno a la discusión recae en que la postura de Gobierno se contrapone con la de las organizaciones internacionales como CIDH.
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