Qué revelan los cargos contra Maduro sobre los pactos entre Venezuela y los cárteles

Luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el exlíder venezolano fue sometido a un juicio en Nueva York acusado de cuatro cargo, incluído narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra. Para su acusación, la Corte del Distrito Sur de Nueva York presentó un escrito donde se detallan los cargos contra Maduro, pero también deja entrever la participación del narcotráfico mexicano en esta red multinacional presuntamente comandada por el exmandatario.

Según el documento, durante los primeros años la alianza se consolidó mediante la reubicación de operaciones de las FARC colombianas en Venezuela, con protección del llamado Cártel de los Soles. Esta organización estaba compuesta por "altos funcionarios venezolanos que abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas del país".

Al menos desde 1999, los líderes venezolanos "colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua", señala el documento.

Así, durante 2003, un representante de la FARC pagó 300 mil dólares al político colombiano Jesús Santrich para establecer un campamento de procesamiento de cocaína cerca de Apure, Venezuela. Dos años después, el expresidente Hugo Chávez ordenó a Nicolás Maduro —entonces diputado— que destituyera a jueces que no protegieran a la FARC en sus operaciones.

Ya en 2006, el Cartel de los Soles coordinó el envío de 5.6 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto de Maiquetía hacia Campeche, México, a bordo de un avión DC-9. Entre los responsables estuvieron Diosdado Cabello y Hugo "El Pollo" Carvajal, ambos acusados de narcoterrorismo por Estados Unidos. Esta hazaña fue reconocida como uno de los decomisos más grandes en la historia reciente de México, según declaraciones del general Carlos Demetrio Galván, subjefe operativo de la Secretaría de la Defensa.

"Las decenas de miles de kilogramos de cocaína enviados por este grupo fueron protegidos en Venezuela por funcionarios militares venezolanos conocidos como ‘los generales’", subraya la acusación que indica que Los Zetas recibían el cargamento bajo protección oficial venezolana. Luego, la organización mexicana controlaba las rutas para transportar la cocaína hacia Centroamérica.

El expediente también acusa a Los Zetas de colaborar por medio de provisión de armas, protección armada, apoyo logístico y la facilitación del lavado de dinero por medio de empresas estatales venezolanas.

Para 2009, los implicados discutieron el transporte de cuatro toneladas de cocaína a través de Venezuela hacia Nicaragua, con destino final en México y Estados Unidos. El Departamento afirma que dos años después, en 2011, "El Chapo" Guzmán colaboró con la construcción de laboratorios para el procesamiento de la cocaína. Luego la droga era transportada por las FARC a Venezuela.

Tras asumir la presidencia en 2013, Maduro fue culpado de autorizar un cargamento de 1.3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde Maiquetía a París. Después del decomiso, reprendió a sus aliados y recomendó utilizar rutas alternativas previamente establecidas.

Un año después, Maduro acordó con la FARC entrenar una milicia en Venezuela que actuaría sin vínculo formal con el gobierno. La preparación se llevó a cabo en un campamento de la FARC en el estado Zulia.

Más adelante, durante 2015, dos familiares directos de Maduro —Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas— negociaron desde el "hangar presidencial" de Caracas el envío de cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos. Según grabaciones de la DEA, afirmaron estar en "guerra" con ese país y buscaban financiar una campaña política interna.

En 2017, integrantes del Cartel de los Soles enviaron cargamentos en aviones hacia pistas clandestinas en Barinas, donde personal armado de la FARC se encargaba del transporte terrestre hacia las costas venezolanas.

Posteriormente, en 2019, Maduro ofreció públicamente asilo a líderes de la FARC. Poco después, los guerrilleros anunciaron una "nueva fase de lucha armada", consolidando la alianza criminal y política que Estados Unidos identificó como una amenaza transnacional.

Con respecto a la participación de los cárteles mexicanos a lo largo de todo el régimen chavista, la cooperación trascendía el mero respaldo técnico. De acuerdo con la acusación, el gobierno venezolano le vendió pasaportes diplomáticos tanto a Los Zetas como al Cártel de Sinaloa para facilitar vuelos y blanquear dinero.

El documento del Departamento de Justicia concluye que esta red de tráfico de drogas no sólo benefició económicamente a los cárteles mexicanos y las FARC, sino que permitió consolidar un "sistema donde el poder político y militar venezolano se devora a sí mismo en una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico".

Contenido actualizado el 05-01-2026 22:22