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Una iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México plantea la creación de un nuevo impuesto a productos como refrescos, papas fritas, chocolates y bebidas alcohólicas. El proyecto, impulsado por el diputado Fernando Zárate Salgado, integrante del grupo parlamentario de Morena, busca destinar los ingresos generados a fortalecer los órganos locales de justicia.
Durante su intervención en tribuna el 20 de noviembre, Zárate afirmó: "Vamos a recaudar más de 5 mil millones de pesos para que se vayan a estos órganos de justicia y fiscalía y podamos resolver problemas profundos que tienen en la institución". La propuesta consiste en un impuesto adicional a los que ya existen en el Código Fiscal de la CDMX, específicamente en los artículos 164 Bis 1, Bis 3 y Bis 4.
El gravamen abarcaría productos como cremas untables, helados, paletas, snacks y otras botanas industrializadas. La medida sigue una línea similar a la reforma federal reciente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que duplicó la tasa para bebidas azucaradas y amplió su alcance a edulcorantes no calóricos.
A nivel discursivo, ambas iniciativas —local y federal— se presentan como herramientas de salud pública. No obstante, múltiples análisis advierten que este tipo de medidas tiene un impacto regresivo sobre la estructura tributaria mexicana. De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "la recaudación del impuesto a los refrescos proviene en un 38% de los cinco deciles más bajos de ingreso" y en el caso de "los alimentos altamente calóricos ese porcentaje es del 34%".
El mismo informe señala que México recauda solo el 16.1% del PIB en impuestos, cifra inferior al promedio latinoamericano. Según el documento, uno de los factores que perpetúan la desigualdad es "la existencia de múltiples impuestos regresivos o poco progresivos".
Diversos organismos internacionales subrayaron la urgencia de abordar el entorno alimentario y las condiciones sanitarias en México. Estudios publicados en The Lancet en noviembre de 2025 alertaron que el consumo de alimentos ultraprocesados está vinculado con al menos 12 enfermedades crónicas. Además, el informe Health at a Glance 2025 de la OCDE ubicó a México con el gasto público en salud más bajo de sus 38 países miembros, equivalente a apenas 2.8% del PIB. Esta situación se agrava considerando que más del 75% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad.
Por otro lado, el diputado Zárate argumentó que la propuesta tiene antecedentes desde 2014, cuando presentó un impuesto similar a productos chatarra. En ese entonces, dijo, se basó en las recomendaciones de organismos multilaterales como la OCDE, la ONU y el Banco Mundial. "Fue la primera propuesta en el mundo para imponer impuestos a los refrescos y a la comida chatarra", aseguró durante su exposición.
El debate en torno a esta propuesta radica en su doble propósito: desincentivar el consumo de productos dañinos y, al mismo tiempo, financiar sectores críticos como la justicia. Sin embargo, el diseño tributario actual no siempre permite que ese equilibrio se cumpla sin afectar de forma desproporcionada a ciertos sectores sociales.
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