Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: X @rochamoya_
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá que Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, recupere el acceso parcial a sus cuentas bancarias, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión provisional a su favor. La medida representa un cambio en las restricciones financieras que enfrenta el exmandatario estatal, aunque no supone el descongelamiento total de sus recursos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó mediante el comunicado número 95, emitido el 13 de noviembre de 2026, que la resolución fue dictada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, dentro de un procedimiento judicial promovido por el exfuncionario.
La resolución judicial permite recibir los próximos pagos de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, pero no autoriza el acceso a otros recursos depositados en sus cuentas bancarias.
El acceso autorizado comprende pagos provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La decisión judicial se fundamenta en la protección legal de estos ingresos, considerados recursos que no pueden ser embargados. Hacienda explicó que la autorización se concede "al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones".
Esto significa que Rocha Moya podrá disponer de las ministraciones contempladas en la resolución, pero la suspensión provisional no le devuelve la posibilidad de realizar libremente movimientos con el resto de sus fondos.
La UIF permitirá que Rocha Moya reciba los pagos de sus pensiones autorizados por el tribunal, pero el resto de sus recursos bancarios continuará bloqueado. La SHCP precisó que "la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias", por lo que cualquier operación distinta de las expresamente autorizadas continuará sometida a las restricciones correspondientes.
El fallo tampoco establece una liberación general de los saldos previamente inmovilizados. Su aplicación se concentra en las ministraciones futuras identificadas por el tribunal, una distinción importante frente a la posibilidad de recuperar todos los depósitos existentes.
Las restricciones bancarias contra Rocha Moya comenzaron el 18 de mayo de 2026, después de que autoridades estadounidenses lo señalaran, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Tras esos señalamientos, la UIF incorporó al exgobernador a la Lista de Personas Bloqueadas como parte de las medidas preventivas del sistema financiero para investigar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 21 de agosto de 2026, Rocha Moya retomó brevemente sus funciones como gobernador, pero un día después solicitó una nueva licencia de carácter indefinido, la cual fue aprobada por el Congreso de Sinaloa el 23 de agosto. Durante este vaivén político, sus cuentas permanecieron totalmente bloqueadas.