Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Gustavo Torres (NotiPress)
El Senado de México expresó su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la situación en el país, al considerar que presenta falta de rigor y omite información oficial reciente. Legisladores y autoridades federales cuestionaron el contenido del documento y su posible impacto en el ámbito internacional.
El 3 de abril de 2026, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, publicó en su cuenta oficial de X: "La falta de rigor del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU puede abrir la puerta a intereses injerencistas, en vez de contribuir a la cooperación y al fortalecimiento institucional en favor de las víctimas". La funcionaria señaló que el informe reconoce la ausencia de indicios de una política de Estado en desapariciones forzadas.
Castillo Juárez también indicó que el documento omite avances recientes presentados por el gobierno federal, incluidos datos difundidos durante conferencias oficiales. Además, cuestionó que, pese a ello, el Comité solicitará elevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU.
En el mismo sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó el informe como "inaceptable, tendencioso e injerencista". El legislador criticó la actuación del organismo internacional y su enfoque frente a otros conflictos globales.
A través de redes sociales, Mier Velazco publicó: "La ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México, mientras deciden ignorar la viga en el ojo propio, guardan silencio cómplice ante las tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano, por citar solo tres. Menos retórica tendenciosa y más coherencia con la paz mundial. Seamos serios".Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe al considerar que no refleja la realidad actual del país. La dependencia sostuvo que el documento carece de solidez jurídica y no incorpora información actualizada ni avances institucionales recientes.
El gobierno mexicano reiteró que no existe una política de Estado en materia de desapariciones forzadas y destacó las reformas legales implementadas desde 2025 para combatir este delito. Asimismo, expresó su disposición a colaborar con organismos internacionales, siempre que se respeten los principios de objetividad y precisión.
El informe del Comité de la ONU incluyó la recomendación de remitir el caso de México a la Asamblea General para su seguimiento, lo que generó las reacciones de autoridades mexicanas. Las posturas expresadas por el Senado, legisladores y la SRE reflejan el desacuerdo institucional frente al contenido del informe, mientras se mantiene el diálogo en el ámbito internacional sobre el tema de desapariciones forzadas.