Foto: Gobierno de México
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para ampliar la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y fijar criterios más precisos sobre los documentos que pueden reservar las instituciones públicas. La medida también establece publicaciones mensuales de contratos federales y anticipa una iniciativa para modificar la Ley General de Transparencia.
El decreto fue presentado durante la conferencia matutina del 4 de agosto, con la participación de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. La funcionaria explicó que los cambios se concentrarán en contrataciones públicas, filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, además de fiscalización y auditorías.
"Lo que se busca es la máxima publicidad, que toda la información sea pública y que las reservas solo se limiten de manera, como dice la Constitución, temporal y solo por interés público y de seguridad nacional", señaló Buenrostro.
Contratos públicos tendrán actualizaciones mensuales
Las dependencias federales deberán publicar cada mes la información sobre sus contratos. Hasta ahora, esos datos se actualizaban de manera trimestral, por lo cual el decreto reduce el plazo y obliga a mantener registros más recientes dentro de la plataforma.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también deberá incorporar información adicional de interés público en un plazo máximo de 30 días hábiles.
La dependencia informó que estabilizó la plataforma recibida tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). También añadió herramientas para descargar, organizar y analizar los documentos publicados.
"Durante nuestra recepción de la plataforma la hemos estado estabilizando, ya que es una plataforma que cuenta con más de 8 años que fue creada", explicó Buenrostro. El sistema quedó bajo control de la Secretaría de Anticorrupción después de que las funciones del INAI fueran transferidas al Poder Ejecutivo.
Pemex, CFE y auditorías ampliarán información pública
El decreto incorpora nuevas obligaciones para las filiales de Pemex y CFE. Entre los documentos previstos aparecen estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, contratos, políticas de operación, estructuras de gobierno corporativo y datos sobre el funcionamiento de sus empresas filiales.
Los órganos fiscalizadores deberán publicar información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, el estado de las auditorías y el seguimiento de las observaciones. También deberán divulgar el padrón y la designación de despachos externos contratados para revisar dependencias y entidades.
Otro cambio reduce los criterios utilizados para reservar documentos. La clasificación deberá concentrarse en razones de interés público y seguridad nacional, mientras las instituciones deberán elaborar versiones públicas cuando solo una parte del expediente requiera protección.
"Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público", sostuvo Sheinbaum al explicar que los nuevos lineamientos determinarán qué información debe divulgarse y cuál puede mantenerse temporalmente reservada por procedimientos administrativos, judiciales o asuntos de seguridad nacional.
La administración federal prevé incorporar las disposiciones del decreto a una iniciativa de reforma legal. Buenrostro indicó que la propuesta se trabaja con la Consejería Jurídica y que incluirá modificaciones a la Ley General de Transparencia. La iniciativa será presentada al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, de acuerdo con Sheinbaum.
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