Foto: Axel Olivares (Composición/NotiPress)
Claudia Sheinbaum rechazó la acusación de Maru Campos sobre una presunta "doble vara" del Gobierno Federal frente a los casos de Chihuahua y Sinaloa. Durante la conferencia matutina del 7 de mayo, la presidenta sostuvo que no existe persecución contra la gobernadora chihuahuense y afirmó que cualquier investigación debe partir de pruebas.
La respuesta llegó después de que Campos cuestionó el trato federal hacia su administración. La gobernadora de Chihuahua señaló que a ella se le critica por combatir al narcotráfico, mientras que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se le defiende "a capa y espada" pese a los señalamientos en su contra.
"De uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién", afirmó Campos.
Ante esos señalamientos, Sheinbaum respondió: "Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas". La mandataria agregó que el caso de Chihuahua está relacionado con una presunta colaboración con autoridades estadounidenses fuera del marco legal mexicano.
"Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el gobierno. Ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Por eso la Fiscalía abre una investigación", dijo Sheinbaum durante la conferencia.
El señalamiento ocurre tras el operativo del 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde un vehículo se desbarrancó y explotó después de una acción para desmantelar un narcolaboratorio. Con la muerte de dos agentes de la CIA se destapó la noticia de que operaban sin autorización federal formal, algo que desató la ira del Gobierno Federal.
Como consecuencia, Sheinbaum acusó a la administración de Campos de permitir la intervención de agentes extranjeros. Esa postura derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República, la cual citó a declarar a 50 agentes estatales de Chihuahua para esclarecer la relación con la agencia estadounidense.
Días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinnaloa, Rubén Rocha Moya, de colaborar con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, para traficar fentanilo y cocaína.
Rocha Moya solicitó licencia a principios de mayo para defenderse como ciudadano. Frente a ese caso, el Gobierno Federal ha señalado que no procederá con una detención o extradición hasta que Estados Unidos presente pruebas contundentes y no únicamente una acusación penal.
Por su parte, la gobernadora Campos se encuentra en una encrucijada legal y política sin precedentes debido a la gravedad de las acusaciones federales. Existe una movilización en el Congreso para buscar su destitución. Aunque es improbable que el Congreso local de Chihuahua (donde tiene mayoría) le quite el fuero, la presión del Senado es constante. Algunos senadores han sugerido penas de hasta 40 años de prisión por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
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