Foto: Gobierno de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina del 19 de julio de 2022 que se hará de lado el amparo destinado a suspender las obras del tramo 5 del Tren Maya. Para esto, el gobierno federal recurrirá al acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021, invocando el carácter de seguridad nacional para este megaproyecto del sureste mexicano. A continuación, se presentan las implicaciones de calificar como seguridad nacional la conclusión de este tramo de 21 kilómetros de doble vía de Cancún a Tulúm.
Respecto a los requerimientos para considerar una obra como de interés público y de seguridad nacional, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación lo expresa en su primer artículo. Para esto, las obras y proyectos deben estar asociados a los sectores de infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulico, hídrico o medio ambiente. También al sector turístico, como el Tren Maya, o de salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos.
Dicho acuerdo resume que se podrá considerar de seguridad nacional todos aquellos proyectos de carácter prioritario y/o estratégico para el desarrollo nacional. La justificación de esta medida, explica el acuerdo, yace en la necesidad del país de tener infraestructura capaz de fomentar el desarrollo incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Al considerarse de seguridad nacional, las dependencias de la administración pública federal se verán obligados a otorgar la autorización provisional "a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias" para los proyectos y obras con esta declaratoria. Con esto, se busca garantizar su ejecución oportuna y, particularmente, conseguir el beneficio social prometido y un adecuado ejercicio de los presupuestos autorizados, puntualiza el acuerdo.
Como punto final, se establece que la autorización provisional se debe presentar en cinco días hábiles una vez presentada la solicitud correspondiente y se cuenta un año para emitir la disposición definitiva. Si la autorización provisional no se emite en el plazo máximo de cinco días, el acuerdo permite, se consideré resuelto el asunto en sentido positivo.
Anteriormente, el presidente López Obrador criticó el uso de la figura de seguridad nacional como una táctica para ocultar los excesos y dispendios del gasto público. En la conferencia de prensa del 19 de septiembre de 2019, acusó: "Se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional". Detalló que en los gobiernos priístas y panistas esto se usaba para librarse de la obligación de presentar información y pruebas de las obras y proyectos. Además sentenció, en su gobierno no se realizarían este tipo de prácticas de corrupción: "No va a haber huachicol ni arriba ni abajo y se tienen que ir acostumbrando", comentó entonces.
Esta situación motivó varias críticas al acuerdo de noviembre de 2021; no obstante, ya se han conseguido amparos para evitar el ocultamiento de información referente a las obras de esta administración. De acuerdo con medios nacionales, en marzo de 2022 se otorgó una medida de amparo a la organización civil Litigio Estratégico, únicamente en lo referente al acceso a la información de los proyectos de infraestructura. También existe una medida otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto evitaría invocar el interés público y la seguridad nacional para no dar a conocer la información.
Aunque se trata de una decisión polémica, el presidente López Obrador ha declarado que invoca lo establecido en el acuerdo para hacer frente a la serie de amparos interpuestos por la oposición contra el Tren Maya. El ejecutivo califica esta medida como una estrategia para frenar los resultados de su gobierno, aunque distintas organizaciones han criticado la obra por su potencial impacto en el medio ambiente.
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