Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
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El acceso a la justicia en México continúa condicionado por la capacidad económica, según lo muestran tres casos recientes que recurrieron a colectas solidarias para financiar su defensa. Se trata de la ex policía Dulce Belén Sánchez Castañeda, la comunidad indígena de Estación Wadley en San Luis Potosí, y el activista mexicano Jesús, enjuiciado en República Checa.
Dulce Belén enfrenta un proceso judicial tras 12 años en prisión por una detención en 2011 que incluyó tortura durante el embarazo y provocó la pérdida de sus gemelos. Fue acusada de dos secuestros pese a pruebas que la ubicaban lejos de los hechos. En mayo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar su caso, pero la Sexta Sala Penal ratificó la sentencia con mínimas modificaciones. Hoy, sus familiares sostienen la defensa mediante una colecta para cubrir gastos legales y médicos.
La comunidad de Estación Wadley en Real de Catorce, San Luis Potosí, enfrenta a una empresa de chiles que busca explotar el acuífero Vanegas–Catorce, una zona sagrada de Wirikuta con déficit hídrico. El proyecto amenaza especies únicas como el peyote y el abasto de agua en seis municipios. Los pobladores iniciaron una campaña de financiamiento colectivo en GoFundMe para contratar asesoría legal ambiental y cubrir trámites. "El agua es vida. La vida no se negocia", señalan los organizadores de la iniciativa.
El tercer caso es el de Jesús, estudiante mexicano de doctorado y activista pro-palestino residente en República Checa, quien enfrenta cargos penales por participar en una manifestación pacífica. De ser condenado, podría recibir entre 2 y 10 años de prisión. Los honorarios legales superan los 87 mil pesos mexicanos, por lo que sus allegados iniciaron la colecta "Free Jesús! ¡Libertad para Jesús!" desde Chihuahua.
Dicha situación expone un patrón en el que los honorarios legales y trámites administrativos representan un obstáculo para comunidades y personas en situación de vulnerabilidad. Un abogado en México puede costar entre 25 mil y 50 mil pesos mensuales, y en el extranjero los montos son aún más elevados.
La plataforma GoFundMe, que inició operaciones en México en 2024, se convirtió en una herramienta de apoyo en estos casos. Según datos de la compañía, desde su fundación en 2010 recaudó más de 750 mil millones de pesos en todo el mundo, con más de 200 millones de usuarios activos.