Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Unsplash
Una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Panamá desató una reacción inmediata por parte del Gobierno chino, luego de que se anulara un contrato portuario vigente desde 1997. La concesión permitía a Panama Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison con sede en Hong Kong, operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
El fallo fue calificado como "absurdo, vergonzoso y patético" por China, que afirmó: "Panamá pagará un alto precio tanto política como económicamente si no revierte la decisión judicial". La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao sostuvo que el fallo viola el espíritu contractual y afecta el entorno empresarial, además de reflejar una "subordinación a intereses extranjeros".
Desde el Gobierno panameño, el presidente José Raúl Mulino respondió a las declaraciones oficiales del organismo chino. A través de su cuenta de X afirmó: "Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central". Añadió también que "la Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes".
El fallo de la Corte panameña se basó en hallazgos de auditorías oficiales y cuestionamientos sobre la legalidad del contrato y sus renovaciones. Según el tribunal, la concesión no cumplía con los requisitos constitucionales y presentaba deficiencias en los mecanismos de supervisión estatal.
Panama Ports Company anunció el inicio de un arbitraje internacional al considerar que fue objeto de una afectación directa a sus derechos contractuales. La empresa sostuvo que invirtieron más de 1,800 millones de dólares desde el inicio de sus operaciones y defendió la legalidad de su permanencia en el país.
La tensión se produce mientras CK Hutchison avanzaba en un proceso de venta de sus activos portuarios, incluidos los panameños, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company. Esta operación, valorada en más de 22 mil millones de dólares, podría verse comprometida por la decisión judicial.
Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal de Panamá, por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial y el 40% del tráfico de contenedores estadounidenses. Funcionarios estadounidenses habían manifestado su preocupación por la presencia de empresas chinas cerca de la ruta interoceánica, citando motivos de seguridad nacional.
Panamá informó que los puertos mantienen operaciones normales y avanzan con un plan de transición, orientado a sostener el servicio, resguardar empleos y cumplir compromisos internacionales. Las autoridades reiteraron que el proceso se realizará con apego a la ley y transparencia.