
Foto: Amnistía Internacional
La violencia registrada en Sinaloa durante los últimos tres años colocó al estado como uno de los focos prioritarios de la agenda de seguridad federal. Sinaloa registró un aumento sostenido en homicidios, feminicidios y desapariciones, así como del despliegue de fuerzas militares para contener a grupos criminales.
Durante su conferencia matutina del 4 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la situación de seguridad en Sinaloa, en respuesta a cuestionamientos sobre la persistencia de hechos violentos. La mandataria explicó que el origen del repunte se vincula con disputas internas entre grupos delictivos tras la captura de uno de sus líderes en Estados Unidos. "La división de un grupo delincuencial provocada por (…) uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos (…) provocó una pugna interna", señaló.
Cifras oficiales respaldan la gravedad del escenario. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa acumuló 1,302 homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025, el nivel más alto en una década. En contraste, durante 2022 se reportaron 371 homicidios en el mismo lapso, lo que refleja un incremento pronunciado en la incidencia letal.
Ante semejantes cifras, organismos internacionales expresaron preocupación. Amnistía Internacional México advirtió sobre una escalada sostenida de violencia desde 2022, acompañada de un proceso de militarización. La organización documentó que los homicidios pasaron de 478 casos en 2022 a 1,663 en 2025, mientras los feminicidios aumentaron de 20 a 69 carpetas de investigación en el mismo periodo. Las personas desaparecidas y no localizadas subieron de 268 a 947 casos.
En ese contexto, México ha adoptado una estrategia de militarización de la seguridad pública como respuesta a la situación de la violencia, una política que, según su informe Cambiando el Paradigma de la organización, derivó en violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
"Amnistía Internacional reitera que la estrategia de militarización ha sido fallida, ya que no solo no ha logrado reducir la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo actividades de seguridad pública", afirmó Amnistía Internacional México en un hilo de X.
Ante la presión por resultados, el gobierno mexicano desplegó 1,600 soldados en Sinaloa a finales de enero, con operaciones concentradas en Culiacán y Mazatlán. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la misión contempla tareas de disuasión, prevención y patrullaje coordinadas con autoridades estatales y municipales.
Sheinbaum sostuvo que la estrategia federal prioriza la protección de la población civil y el trabajo de inteligencia sobre el enfrentamiento directo. "Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México (…) y lo que se generó fue mucho más violencia", afirmó durante la conferencia.
Además, la presidenta también subrayó la dimensión bilateral del problema y llamó a reforzar la corresponsabilidad con Estados Unidos. "Es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México", dijo, al precisar que "75 por ciento al menos, de las armas incautadas (…) vienen de Estados Unidos de manera ilegal" .
El escenario en Sinaloa permanece marcado por enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene coordinación con autoridades estatales y cooperación con Estados Unidos, con el objetivo declarado de reducir la violencia y limitar el impacto sobre la población civil.
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