Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)/ Imagen ilustrativa
Dejar un empleo público a cambio de una compensación económica es la propuesta que Argentina presenta a miles de trabajadores estatales. El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un programa de retiros voluntarios que podría alcanzar a 20.000 empleados y reducir permanentemente sus puestos.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre, y establece incentivos económicos diferenciados para quienes decidan abandonar la administración pública. Su objetivo declarado es reducir el gasto estatal y reorganizar los recursos, aunque la medida también provocó cuestionamientos sindicales sobre sus consecuencias laborales.
El período de inscripción se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días. Cada organismo tendrá 40 días posteriores al cierre de la convocatoria para evaluar las solicitudes, que deberán recibir aprobación expresa.
Cuánto cobrarán los empleados que acepten el retiro
Las compensaciones dependerán de la edad, la antigüedad laboral y los años de aportes realizados al sistema de jubilaciones argentino. El programa contempla tres grupos de trabajadores, con beneficios distintos según su situación previsional y el tiempo acumulado dentro del Estado.
Mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63, sin aportes suficientes para jubilarse, podrán elegir entre dos modalidades de compensación. Una alternativa contempla recibir mensualmente el 60% del salario bruto durante un máximo de 36 meses o hasta cumplir los requisitos jubilatorios.
También podrán optar por un pago único calculado según su antigüedad, con un límite general de 18 remuneraciones y restricciones adicionales.
Para quienes estén próximos a jubilarse y acrediten al menos 30 años de aportes, se prevén hasta 18 salarios más cinco adicionales. Los trabajadores más jóvenes podrán recibir hasta 20 remuneraciones por antigüedad, junto con cuatro o cinco salarios adicionales según sus años de servicio.
Aceptar el beneficio implica terminar definitivamente la relación laboral y eliminar el cargo correspondiente del presupuesto de la administración pública. Además, quienes participen no podrán regresar al sector público nacional durante ocho años, salvo excepciones específicas como determinados cargos docentes universitarios.
Qué impacto tendrá la reducción del empleo público
Desde diciembre de 2023, la administración de Milei redujo considerablemente su plantilla, mediante distintas medidas de reorganización del sector estatal. Los registros oficiales correspondientes a agosto de 2026 contabilizaron 74.332 puestos menos, equivalentes a una disminución del 21,6% del personal nacional.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, vinculó el nuevo programa con la intención gubernamental de reducir gastos e impuestos. "Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos", escribió el funcionario en la red social X.
Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó el carácter voluntario del programa y anunció movilizaciones contra las condiciones establecidas. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, denunció presiones sobre los empleados y advirtió sobre posibles consecuencias para el funcionamiento de los organismos públicos.
x @rodoaguiar
El impacto presupuestario del decreto dependerá de cuántas solicitudes sean aprobadas y de las compensaciones que efectivamente deba pagar el Estado. La eliminación de cargos permitirá reducir obligaciones salariales futuras, mientras las indemnizaciones representarán desembolsos asociados a la implementación del programa.
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