Foto: x @DiputadosAR
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, pero introdujo una modificación que obliga al texto a regresar al Senado para su sanción definitiva. La clave de este giro legislativo fue la eliminación del artículo 44, una cláusula que establecía nuevas condiciones para las licencias médicas por enfermedades o accidentes no laborales.
Durante la madrugada del viernes 20 de febrero de 2026, con 135 votos afirmativos y 115 negativos, la Cámara Baja dio luz verde al proyecto. El cambio aprobado fue decisivo: al suprimir un artículo incorporado previamente por el Senado, el texto final dejó de coincidir con la versión original. Por esta razón, y según el procedimiento parlamentario argentino, el proyecto debe regresar a la Cámara Alta, que funcionó como cámara de origen.
El artículo 44, suprimido por Diputados, proponía un régimen escalonado de pago durante las licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo. El texto establecía que si la imposibilidad de trabajar derivaba de una actividad voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 50% de su salario básico por tres o seis meses, dependiendo de su situación familiar. En cambio, si el hecho no resultaba de una acción voluntaria, la remuneración se fijaba en el 75% por el mismo período. La eliminación de este artículo mantiene vigente la legislación actual, que contempla el pago completo del salario durante dichas licencias.
Además de ese punto, la reforma aprobada en Diputados conserva ejes centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la modificación del régimen de indemnizaciones, la legalización del banco de horas, y una nueva figura contractual para repartidores independientes en plataformas digitales. También se incorporan incentivos fiscales destinados a promover la formalización del empleo y la contratación de personas sin registro laboral previo.
El proyecto establece un nuevo esquema para calcular las indemnizaciones por despido sin causa, con topes salariales y actualización por inflación más un 3% anual. Se excluyen conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo, y se habilita el pago en cuotas de hasta seis meses para grandes empresas y hasta doce para pymes.
Respecto a la jornada laboral, se introduce flexibilidad para pactar turnos de hasta 12 horas diarias, respetando un mínimo de 12 horas entre jornadas. Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días corridos, con fecha consensuada entre las partes.
Otro punto aprobado es la prioridad de los convenios colectivos por empresa o región por sobre los sectoriales, eliminando la ultraactividad, que extendía los efectos de convenios vencidos. En cuanto al derecho a huelga, se imponen niveles mínimos de actividad en servicios esenciales y trascendentales, además de requerir autorización para asambleas en el lugar de trabajo.
Tras su revisión por las comisiones del Senado, el texto podría volver al recinto el 27 de febrero. Si se aprueba sin nuevas modificaciones, se convertirá en ley o en caso contrario, el trámite legislativo continuará.
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