Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Armada de Chile
Con una inversión potencial de US$3.500 millones, el Gobierno argentino busca transformar una Armada que lleva casi nueve años sin capacidad submarina operativa. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de crédito para incorporar tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión durante los próximos años.
La iniciativa aparece mientras continúa la disputa diplomática con el Reino Unido por las Islas Malvinas y aumenta la atención sobre el Atlántico Sur. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el proceso responde a una política general de modernización militar y no directamente al conflicto diplomático.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó que las incorporaciones buscan "robustecer" el sistema defensivo argentino y garantizar la "seguridad e integridad territorial". También sostuvo que ese reequipamiento no mantiene una vinculación directa con otras disputas internacionales enfrentadas actualmente por el país.Hasta US$2.300 millones quedarían disponibles mediante financiamiento para adquirir tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval Mar del Plata. Desde esa instalación operaba el ARA San Juan, cuyo hundimiento en noviembre de 2017 provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Aquella tragedia dejó a Argentina sin capacidad submarina operativa y abrió un período prolongado de búsqueda de alternativas para reconstruirla. Durante ese tiempo, personal argentino mantuvo entrenamiento submarino mediante cooperación regional, incluyendo prácticas realizadas en instalaciones navales de Perú.
Entre las alternativas evaluadas aparecen propuestas de la francesa Naval Group y de la alemana ThyssenKrupp Marine Systems. Naval Group ofrece submarinos Scorpène, un modelo convencional utilizado también por Brasil dentro del programa PROSUB iniciado mediante un acuerdo firmado en 2008.
La documentación presupuestaria todavía no define proveedor, configuración, armamento, calendario de entregas ni lugar definitivo de construcción. Tampoco supone una compra cerrada, porque cualquier operación dependerá primero de la aprobación legislativa y después de negociaciones financieras y contractuales.
Otros US$1.200 millones quedarían habilitados para financiar dos fragatas multimisión destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano. Ambas operaciones contemplan un plazo mínimo de amortización de tres años dentro del esquema presentado para las futuras adquisiciones navales.
La renovación adquiere especial relevancia porque buena parte de los principales buques de combate argentinos fue incorporada antes de la guerra de Malvinas de 1982. Al mismo tiempo, el Gobierno pretende reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia, vinculada con operaciones en el Atlántico Sur y apoyo logístico antártico.
Ese proyecto tiene un costo estimado de US$450 millones y contempla nuevas obras de infraestructura naval en Tierra del Fuego. La modernización militar también incluye cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, helicópteros Black Hawk, vehículos blindados Stryker y nuevos camiones militares Unimog.
Por ahora, los US$3.500 millones representan una autorización potencial para negociar deuda y no recursos presupuestarios disponibles automáticamente. Si el Congreso mantiene esas habilitaciones, Argentina podrá avanzar con contratos destinados a reconstruir su fuerza submarina y renovar parte de su flota de superficie.