Auditoría revela casos de fraude en pensiones por invalidez laboral en Chaco

El Gobierno Nacional denunció durante la conferencia matutina de Manuel Adorni que más del 60% de los beneficiarios auditados en la provincia de Chaco no cumplía con los requisitos necesarios para cobrar pensiones no contributivas por invalidez laboral. Las auditorías son realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, y han destapado numerosas irregularidades en la asignación de estos beneficios.

De los 2.689 beneficiarios citados, 2,344 asistieron a la auditoría, mientras que 345 (12,83%) no se presentaron. Los resultados arrojaron que solo 365 personas (13,58%) cumplieron con los requisitos para seguir percibiendo la pensión. Por el contrario, 1,796 beneficiarios (66,79%) fueron considerados no aptos, por lo que serán dados de baja, según informaron fuentes del área de Salud a cargo de Mario Iván Lugones. Además, 183 casos (6,81%) continúan en proceso de fiscalización médica.

Las auditorías se enfocan en beneficiar a quienes realmente necesitan la pensión, pero los resultados revelaron casos impactantes que evidencian irregularidades durante gestiones anteriores, especialmente bajo el mandato de Jorge Milton Capitanich en la provincia de Chaco.

Entre los casos más destacados, se detectaron situaciones como:

Amputación falsa: Una mujer que había obtenido la pensión por la supuesta pérdida de un brazo, pero se presentó en perfecto estado de salud. Diagnósticos contradictorios: Pacientes que declaraban tener enfermedades distintas a las registradas oficialmente, como hipertensión frente a diabetes. Fraude en diagnóstico oncológico: Una beneficiaria recibió una pensión por cáncer de mama sin haber sido diagnosticada ni realizar estudios correspondientes. Criterios débiles: Otorgamiento de beneficios por condiciones como "pie plano" en menores, lo que despertó dudas sobre los métodos de evaluación. Confesiones de fraude: Durante las auditorías, una mujer admitió no padecer ninguna enfermedad y reconoció que su pensión había sido gestionada de manera fraudulenta por su empleadora.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció un esquema de corrupción "sistemático" que involucró a funcionarios, médicos y gestores, permitiendo que personas sin las condiciones médicas necesarias accedieran a beneficios que corresponden a sectores vulnerables. El impacto de estas acciones perjudica directamente a quienes realmente necesitan las pensiones, como menores con condiciones de salud complejas o personas con discapacidades severas.

Además, las investigaciones revelaron expedientes insólitos, como diagnósticos basados en un poema o radiografías pertenecientes a animales, y casos de certificados médicos apócrifos firmados sin el conocimiento de los profesionales involucrados.

Las auditorías continuarán a nivel nacional con el objetivo de transparentar el sistema y garantizar que las pensiones lleguen a quienes cumplen los requisitos. Actualmente, más de 1'250,000 beneficiarios en todo el país son evaluados como parte de este proceso.