Botín recuperado de caso Vialidad reabre una vieja pregunta: ¿Dónde terminará ese dinero?

Los condenados por el caso Vialidad, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, deberán devolver al Estado argentino más de 684 mil millones de pesos. La actualización pericial del monto del perjuicio económico representa aproximadamente 540 millones de dólares, cuadruplicando el monto fijado en la sentencia de 2022 colocando en primer plano un interrogante no resuelto: ¿A qué fines concretos se destinarán esos fondos una vez recuperados?

El cálculo actualizado fue elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia y deberá ser revisado por el Tribunal Oral Federal 2, responsable de la condena original. La sentencia, ratificada por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema, atribuye a los condenados un esquema de corrupción estructural. Esto debido a que operó mediante la adjudicación irregular de 51 contratos viales, a empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han sido condenados.

Según el informe, los peritos aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, conforme a las resoluciones técnicas vigentes, para actualizar el daño económico derivado de sobreprecios del 64%, cartelización de licitaciones, pagos por obras no realizadas y costos sin justificación.

Diego Luciani, quien impulsó el juicio, destacó, la ejecución del decomiso tiene una relevancia excepcional, dada la magnitud del perjuicio social. En su dictamen solicitó que el dinero recupere su función pública y sea destinado a cubrir necesidades sanitarias, educativas y de infraestructura. Sin embargo, el marco legal actual establece que los fondos decomisados en causas penales ingresan al presupuesto del Poder Judicial, según lo dispuesto por la Ley 23.853 y las acordadas vigentes.

Tal punto genera un vacío normativo y de aplicación: pues no existen procedimientos claros para redirigir esos recursos a fines sociales, salvo que el Congreso o el Ejecutivo impulsen nuevas normativas. Mientras tanto, los fiscales Luciani y Sergio Mola advirtieron en diversas instancias del proceso "debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado".

Dicha causa Vialidad es el primer juicio oral con condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, aunque no el único proceso judicial en su contra. En los próximos meses se prevé el avance de causas como "Los cuadernos de las coimas" y las investigaciones sobre lavado de activos a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

El próximo paso judicial será la evaluación del informe actualizado por el TOF 2 y la definición del proceso de ejecución forzada. Pero queda sin respuesta definitiva el destino final de los fondos: una deuda económica saldada con el Estado, pero aún sin certeza sobre su impacto social efectivo.