Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Ilustración)
La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión por fraude contra la administración pública, al ser hallada responsable de favorecer al empresario Lázaro Báez en 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. Esta sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, que examinó las pruebas presentadas durante el juicio oral iniciado en 2019.
Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales de la causa, pidieron una condena por asociación ilícita y fraude. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu sólo dictaron sentencia por fraude, mientras que Andrés Basso se inclinó por aplicar los dos cargos con una pena de doce años. En Casación, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmaron el fallo, mientras que Gustavo Hornos votó por incluir la figura de asociación ilícita, sin obtener mayoría.
Uno de los elementos centrales fue el decreto 54/2009, identificado por los fiscales como clave para la maniobra. Este instrumento modificó un fideicomiso existente y permitió que la Dirección Nacional de Vialidad accediera directamente a los fondos. Según el fallo, "proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente".
La ex mandataria también delegó en José López, entonces secretario de Obras Públicas, la facultad para modificar ese fideicomiso. Esto, según Borinsky, derivó en un perjuicio estimado de 84 mil millones de pesos para el Estado. El tribunal concluyó que hubo "conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra por la cual fue condenada Cristina Kirchner".
Otra prueba fue la transformación de Lázaro Báez en empresario de la construcción. El fiscal Luciani afirmó: "De la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y de su esposa". Añadió que Báez no tenía experiencia en obras viales y que su ocupación previa era la de empleado bancario registrado como monotributista.
El expediente incluyó vínculos con la causa Hotesur, aún pendiente de juicio, en la que se investigan supuestos retornos de fondos públicos a empresas familiares de la expresidenta. Los jueces sostuvieron que "parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta".
También fueron claves los mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono de José López. Estos chats, según la fiscalía, revelaron una "connivencia en el tramo final de la maniobra" para asegurar la impunidad. En los intercambios, López conversaba con Lázaro Báez y Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, sobre decisiones operativas antes del fin del mandato presidencial.
El fiscal Luciani declaró: "Analizamos 26.000 mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández". Entre los mensajes se hacía alusión a reuniones en la residencia de Olivos y encuentros en Santa Cruz con Báez.
La maniobra incluyó el denominado "plan limpiar todo", que consistió en cerrar las empresas, despedir trabajadores y cobrar todos los pagos pendientes. Lázaro Báez cobró entonces 537 millones de pesos por obras inconclusas. Según el fallo, "la urgencia en organizar un viaje relámpago, la presencia del avión presidencial en Río Gallegos y las alusiones directas a un encuentro necesario para que Fernández de Kirchner tomase decisiones conforman un cuadro de contundencia respecto de este segmento de la maniobra".
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