Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
El lunes 28 de abril de 2025, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó, por más de dos tercios de los votos, la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para este año. La decisión se tomó tras una sesión postergada la semana anterior debido al fallecimiento del papa Francisco.
El consenso alcanzado en la Cámara de Diputados bonaerense permitió avanzar en la suspensión de las PASO. No obstante, el debate continuará en torno a la necesidad de modificar los plazos electorales establecidos en el artículo 61 de la ley electoral 5109. Según planteó el diputado Gustavo Pulti, integrante del bloque Unión por la Patria: "Suspendida las PASO es imprescindible contar con los nuevos plazos acorde a las condiciones materiales de hoy".
La actual legislación fija un intervalo de 30 días entre el cierre de listas y la realización de elecciones, mientras que la Junta Electoral propone ampliarlo a 50 días. El gobernador Axel Kicillof, en su propuesta original, sugirió extender este período a 70 días, buscando adecuar los tiempos de fiscalización a las necesidades actuales.
Durante la sesión, los bloques de la Izquierda y la diputada Lucía Klug, de Unión por la Patria, rechazaron la suspensión. Desde la oposición, el diputado Sebastián Pascual de La Libertad Avanza acusó al oficialismo de demorar la votación por cuestiones internas: "Dejemos la interna para adentro de los partidos y no nos hagan cargo a todos los bonaerenses".
Para este martes 29 de abril está prevista una reunión en la Comisión de Reforma Política de Diputados, donde expondrán las autoridades de la Junta Electoral, encabezadas por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense. De acuerdo con fuentes legislativas, la modificación de los plazos podría resolverse en un lapso de diez a quince días.
Mientras tanto, la elección provincial, fijada para el 7 de septiembre, movilizará a más de 13 millones de votantes. El tratamiento de la reforma de plazos exigirá el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes, lo cual obligará al oficialismo a negociar con bloques como la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA).
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