Foto: x @CFKArgentina
Un giro procesal dejó al Estado argentino frente a una factura que puede acercarse a USD 10 millones por honorarios profesionales. El desembolso todavía no está firme, porque la Corte Suprema debe resolver un recurso presentado por la Dirección Nacional de Vialidad.
La disputa nació después de que quedara sin efecto el juicio civil impulsado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa Vialidad. Ese proceso buscaba obtener un resarcimiento económico por el perjuicio atribuido a irregularidades en contratos de obra pública vial en Santa Cruz.
Con el paso del tiempo, Vialidad Nacional dejó de impulsar el expediente y la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia. Esa figura procesal permite cerrar un juicio cuando la parte responsable de moverlo permanece inactiva durante el plazo establecido por la ley.
Por qué la cifra se acerca a USD 10 millones
Tras el cierre del proceso, doce abogados que representaron a distintos demandados solicitaron la regulación de sus honorarios profesionales. La suma discutida alcanza unos 13.614 millones de pesos argentinos, equivalentes a casi USD 10 millones según las conversiones citadas.
El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez. Su regulación ronda los 3.714 millones de pesos, aproximadamente USD 2,42 millones, e incluye un adicional del 40% por su actuación como apoderado.
Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados alrededor de USD 1,21 millones cada uno por sus respectivas intervenciones. En el caso de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene regulados unos USD 359 mil y Fernando Muriel alrededor de USD 216 mil.
Entre ambos, los abogados de la expresidenta concentran cerca de USD 576 mil, una fracción del total correspondiente a los doce profesionales. La magnitud final responde al conjunto de regulaciones y no solamente a los honorarios generados por la defensa directa de Kirchner.
La Corte Suprema tiene la decisión final
Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema para intentar revertir la caducidad y evitar que el cierre del juicio quede firme. Mientras ese planteo continúa pendiente, la Cámara suspendió el trámite de regulación y mantiene congelada la posibilidad de ejecutar los cobros.
Goldín y Muriel acudieron también al máximo tribunal y denunciaron una situación de "privación de justicia" por esa suspensión. Los abogados sostienen que el procedimiento no permite mantener frenadas las regulaciones mientras la Corte todavía analiza el recurso de Vialidad.
La resolución será determinante, porque definirá si el expediente civil permanece cerrado o puede reactivarse a partir del planteo estatal. Si la caducidad queda firme, el Estado podría quedar obligado a afrontar las costas derivadas de un proceso que dejó de impulsar.
Ese escenario genera un contraste adicional con la causa penal Vialidad, donde existen medidas patrimoniales contra Kirchner y otros condenados. En ese expediente separado, la Justicia avanza sobre bienes para hacer efectivo un decomiso fijado en cientos de miles de millones de pesos.
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