Foto: X @alferdez
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, tuvo lugar de manera casual, en medio de una investigación que involucra al exmandatario. La evidencia de que la expareja de Fernández sufría lo que ella definió como maltrato físico y psicológico surgió de unos chats que el juez Julián Ercolini encontró mientras buscaba pruebas de la causa de los seguros. Automáticamente, la denuncia consecuente que la ex primera dama presentó a la Justicia eclipsó dicha causa. No obstante, el expediente pesa todavía sobre el expresidente.
Esta causa tiene origen en la presentación de dos denuncias en la Cámara Federal en febrero de 2024. Una fue presentada por la abogada Silvina Martínez y la otra, por los diputados nacionales por la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto. Días después, el Ministerio de Capital Humano presentó también su denuncia.
Se puede leer en la denuncia que Alberto Fernández decretó la obligación para todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a Nación Seguros S.A., una subsidiaria del Banco Nación, prohibiendo la posibilidad de contratar otros servicios mediante licitación pública. La denuncia indica que ANSES firmó un contrato con Nación Seguros S.A. por 20 mil millones de pesos. A su vez, Banco Nación "subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión 3 veces mayor a la del mercado: 17%".
Entre los brokers beneficiados en esta presunta operación se encuentran Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura; Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART; y el broker de seguros, Héctor Martínez Sosa, quien es esposo de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero. Automáticamente, la fiscalía ordenó "la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021" y solicitó a las compañías telefónicas las conversaciones de los involucrados.
"La consecuente proliferación de contrataciones de pólizas de seguros por parte de diferentes reparticiones públicas (en áreas sensibles, como la ANSES, el Ministerio de Seguridad, etc.) estuvo signada por circunstancias particulares y, a priori, llamativas", asegura el fallo de la fiscalía. "Se detectó que, en la relación entre cliente y operador del servicio (por regla, estatales ambos), apareció la repetida participación de personas y empresas de la actividad privada, operando como "intermediarias" y "organizadoras"", afirma.
Además. agrega que "las averiguaciones efectuadas llevaron a inferir que aquellas cobraron comisiones de altos porcentajes, que excederían a los comúnmente percibidos en el mercado, agrega el documento". En este sentido, afirma que "las sumas en cuestión son millonarias. También, que sus designaciones por parte de reparticiones públicas no habrían sido antecedidas por procesos de selección regulares y que, incluso, podrían haber existido vinculaciones o planeamientos previos entre las partes, con anterioridad al dictado del Decreto".
Las empresas investigadas habrían percibido de Nación Seguros S.A. un total de $2.782.170.946 en concepto de comisiones. El fallo indica que "participaron en un porcentaje mayoritario (más del 80%) de los seguros contratados por los entes estatales como consecuencia del Decreto dictado por el Presidente Alberto Fernández".
Cantini tuvo como evidencia los chats en donde puede leerse a Cantero y a Martínez Sosa trabajando para obtener contratos con diversos organismos públicos. Las conversaciones incluyeron también a Fernández. En el celular de Cantero se encontraron chats con Yañez en los cuales daban cuenta de que la exprimera dama sufría violencia de género.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
