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La detención del abogado argentino Germán Darío Giuliani entró en una fase de mayor exposición internacional tras la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El reclamo por su liberación busca medidas cautelares urgentes y coloca el caso bajo seguimiento regional por presuntas torturas, desaparición forzada e incomunicación prolongada.
Desde Washington, la presentación fue impulsada por su esposa, María Virginia Rivero, junto al abogado Diego Armesto y con acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. El expediente, formalizado el 6 de abril de 2026, pidió la intervención de la CIDH ante lo que la familia describe como una situación de extrema gravedad.
Según la denuncia, Giuliani permanece detenido desde mayo de 2025 sin acceso regular a defensa privada ni asistencia consular. El escrito sostiene que esa falta de garantías agravó su situación física y psicológica durante más de 300 días de encierro en Venezuela.
El caso también ganó peso diplomático porque Giuliani es el único ciudadano argentino detenido en ese país tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Ese dato amplió el interés internacional sobre un expediente que ahora busca protección concreta dentro del sistema interamericano de derechos humanos.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la presentación, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron entre el 21 y el 23 de mayo de 2025. El operativo ocurrió en aguas del estado de Anzoátegui, donde navegaba junto a ciudadanos venezolanos durante un viaje ligado a un contrato comercial temporal.
En los doce días posteriores no hubo confirmación oficial sobre su paradero, un punto que la denuncia caracteriza como desaparición forzada. Recién después de ese lapso se confirmó que había sido recluido en un comando militar y luego trasladado al penal de Yare II.
La presentación sostiene además que las autoridades venezolanas no respetaron garantías básicas del debido proceso desde el inicio de la detención. Según la familia, no existen cargos formales ni pruebas conocidas que respalden las acusaciones públicas de terrorismo y narcotráfico difundidas por funcionarios del gobierno venezolano.
Otro eje del reclamo se concentra en las condiciones de reclusión y en los testimonios incorporados al expediente. Familiares y allegados reportaron llamadas breves, esporádicas y bajo supervisión, sin posibilidad de verificar de manera independiente su estado de salud ni sus condiciones de detención.
Entre los elementos entregados a la CIDH figura el relato del periodista venezolano Ramón Centeno, quien compartió encierro con Giuliani. En ese testimonio se afirma que "lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro", en referencia a un presunto episodio de tortura.
María Virginia Rivero también expresó la preocupación del entorno familiar frente a la falta de información oficial y al aislamiento sostenido. "estamos con mucho miedo", declaró, según el material incluido en la presentación que reclama medidas de protección inmediatas para el abogado argentino.
Hasta ahora, no se conoce una respuesta pública de la CIDH sobre la solicitud de medidas cautelares. Con la presentación ya formalizada, el caso de Giuliani quedó incorporado al sistema interamericano y bajo una instancia que podría habilitar nuevas acciones de seguimiento internacional.
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