Foto: Jefatura de Gabinete de Ministros
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado el jueves 29 de mayo, el Gobierno argentino impulsó una importante y profunda reforma del régimen migratorio nacional. Firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, el decreto introduce nuevas condiciones para el ingreso de extranjeros, limitando el acceso a servicios públicos y estableciendo una vía de ciudadanía mediante inversiones superiores a los 500 mil dólares.
Los principales cambios destacan mayores exigencias para el ingreso al país. Las personas extranjeras deberán presentar una declaración jurada detallando los motivos de su estadía y sus compromisos de permanencia. Asimismo, se refuerzan los controles migratorios en frontera, con posibilidad de rechazos inmediatos y sanciones por ingresos irregulares.
El acceso a la salud pública también se ve restringido con el objetivo de evitar abusos en el sistema de asistencia social. Si bien se garantiza la atención en situaciones de emergencia, quienes no posean residencia permanente deberán abonar los servicios o contar con un seguro médico. En educación, los niveles inicial, primario y secundario se mantienen gratuitos, mientras que las universidades estatales podrán cobrar aranceles a estudiantes sin residencia permanente.
Se prohíbe trabajar en el país sin una situación migratoria regularizada. Además, se modifican los requisitos para la ciudadanía por naturalización: ahora se requieren dos años de residencia legal y continua, sin salidas del país. Como novedad, se crea la ciudadanía por inversión para quienes aporten más de 500 mil dólares en proyectos nacionales, sin requerimiento de tiempo mínimo de residencia. Para gestionar este nuevo esquema de incentivos migratorios, el decreto dispone la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía.
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