Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El presidente Javier Milei, a los 11 días de asumir su mandato, promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que modifica significativamente leyes existentes, especialmente en el ámbito laboral. Posteriormente, la Confederación General del Trabajo (CGT) inició un proceso legal contra el capítulo laboral del decreto. También la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) presentó un amparo solicitando la inconstitucionalidad del DNU. Los dos gremios de trabajadores obtuvieron una medida cautelar similar de la misma sala y en total suman 60 demandas al 12 de enero de 2024. Con ello dio inicio una tormenta política y judicial en torno al DNU.
Dos semanas después de la promulgación del DNU, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una medida cautelar, solicitada por la CGT, suspendiendo la implementación del aspecto laboral del DNU. Esta medida representó el primer fallo judicial en contra del decreto de Javier Milei.
Otras demandas contra el DNU del Gobierno incluyen a sectores como salud, despachantes de aduanas, educación, provincias como La Rioja y Misiones o turismo, entre otras. Los tribunales donde se litiga contra el Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires tienen alrededor de 40 causas en sus manos, la mayoría, refirió el portal Palabras de Derecho.
Por su parte, el amparo judicial, establecido en la Constitución Nacional desde 1994, permite a individuos o grupos desafiar actos gubernamentales que consideran violan sus derechos. La CGT, usando esta figura, busca declarar la invalidez del capítulo laboral del DNU.
Una medida cautelar, según el glosario judicial del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), es una decisión judicial provisional para proteger derechos en disputa hasta que se resuelva el caso de fondo. Las medidas cautelares contra el Estado se rigen por la Ley 26854 de 2013. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, argumenta que la Cámara laboral no tiene jurisdicción para este caso, considerando que debería ser el fuero Contencioso Administrativo Federal el que intervenga.
Asimismo, la Cámara no estableció un plazo fijo para la cautelar, indicando que estará en vigor hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.
Durante conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, refirió que el Gobierno espera el DNU y la ley de Bases avancen, ya que, considera son "absolutamente" necesarios para ordenar las variables macroeconómicas. Así, Adorni defendió las medidas extremas impuestas por el Ejecutivo federal, al tiempo que reconoció la situación actual como "catastrófica".
Este conjunto de eventos refleja una compleja confrontación legal y política en torno al DNU 70/2023, destacando tensiones entre el Ejecutivo, gremios laborales y otros sectores, así como interrogantes sobre la jurisdicción y procedimientos judiciales aplicables. El desafío de la administración de Javier Milei implica avanzar en un laberinto entre la judicialización y la defensa al cambio para transitar la tormenta política y judicial en torno al DNU.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
