Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una estructura que movía armas entre tres países quedó parcialmente desarticulada, aunque sus dos presuntos jefes continúan fuera del alcance judicial. El Tribunal Oral Federal Número 2 de Mendoza condenó a 24 personas vinculadas con una organización dedicada al tráfico clandestino de armamento hacia Chile.
La investigación ubicó operaciones entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, con distintos niveles de responsabilidad y una logística distribuida en varios puntos. Parte del circuito comenzaba en Brasil, donde algunos integrantes adquirían armas que posteriormente ingresaban clandestinamente en Argentina.
Después, el armamento era trasladado hacia Buenos Aires, almacenado temporalmente y enviado a Mendoza para preparar el cruce hacia territorio chileno. Esa secuencia permitió sostener una operación que combinaba compra, acopio, transporte, financiamiento y recepción del material en diferentes etapas.
En Mendoza, varios choferes de transporte internacional cumplían una función central dentro de la estructura investigada. Armas, cargadores y municiones eran ocultados en las cabinas de camiones para atravesar los controles del Paso Internacional Cristo Redentor.
Ubicado en la cordillera de los Andes, ese corredor conecta la provincia argentina de Mendoza con Chile. La organización también utilizaba viviendas para almacenar los cargamentos antes de entregarlos a quienes completarían el traslado.
Además, el Ministerio Público Fiscal argentino identificó transferencias de dinero enviadas desde Chile mediante empresas de remesas como Western Union. Los fondos eran distribuidos entre distintos destinatarios en Argentina, con montos variables y operaciones sucesivas destinadas a dificultar su seguimiento.
Dos procedimientos realizados en 2022 ayudaron a reconstruir el funcionamiento de la red y sus conexiones internas. En uno, las autoridades encontraron once armas y 18 cargadores ocultos entre el equipaje de un integrante que viajaba por carretera.
Poco después, otro operativo detectó once armas, siete cargadores y más de 2.000 municiones escondidas dentro de un camión rumbo a Chile. Durante la investigación fueron secuestradas 36 armas, 32 cargadores y más de 2.000 municiones de diferentes calibres.
Las condenas alcanzaron a organizadores, transportistas, acopiadores, receptores de dinero y otros participantes vinculados con distintas funciones dentro de la red. Las penas llegaron hasta seis años de prisión, aunque algunas fueron unificadas con condenas anteriores y alcanzaron ocho años y seis meses.
El proceso judicial había incluido originalmente a 34 acusados por hechos relacionados con la organización criminal y otras conductas investigadas. Cinco personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, mientras cuatro fueron sobreseídas por situaciones relacionadas con estupefacientes destinados al consumo personal.
Otro acusado alcanzó un acuerdo con la fiscalía, aunque ese entendimiento todavía requiere homologación judicial para producir efectos. La situación de los dos hombres señalados como líderes mantiene abierta una parte relevante del caso.