Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones clase D de YPF a los fondos Burford y Eton Park. Esto como cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta resolución implica el embargo efectivo del paquete accionario que otorga el control mayoritario sobre la compañía.
El fallo judicial establece una serie de instrucciones puntuales para concretar la transferencia. "La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los Demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta", dictó la jueza.
De este modo, la sentencia judicial está relacionada con el juicio iniciado por los fondos de inversión a raíz de la expropiación decidida por el Estado argentino en 2012. En ese año, el Gobierno avanzó sobre el paquete accionario controlado por la española Repsol, concretando la adquisición del 51% de las acciones. En mayo de 2014, Repsol fue indemnizada con bonos por un valor estimado en US$5.000 millones.
Prospect Investments LLC, subsidiaria de Burford Capital, adquirió los derechos legales derivados de la quiebra de Petersen, accionista previo de YPF. Eton Park, tenedor minoritario en ese entonces, inició una demanda adicional un año más tarde. Ambos fondos obtuvieron fallos favorables en instancias anteriores que concluyeron en la actual resolución.
Igualmente, el impacto bursátil no tardó en reflejarse cuando las acciones de YPF cayeron más de 8% en Wall Street y una baja del 6% en la bolsa local hacia las 14:00. El índice Merval también reaccionó a la baja, con una caída superior al 3% tras haber comenzado la jornada con cifras positivas.
Preska rechazó expresamente los pedidos del Estado argentino para exponer alegatos adicionales. "Convencida de que no es necesario presentar argumentos orales además de los documentos presentados por las partes, se deniega la solicitud de la República para presentar argumentos orales y se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que concluya el presente caso", indicó la jueza.
Argentina aún dispone de la posibilidad de apelar el fallo, pero la orden ya contempla la ejecución material del embargo accionario en favor de los demandantes. Según explicó el analista Sebastián Maril, "cuando asumió Javier Milei, el Gobierno debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación que Argentina había iniciado en octubre del 2023. Eso tendría que haber sucedido en enero de 2024, pero no se hizo ningún depósito".
Finalmente, la decisión judicial representa un nuevo capítulo en el extenso litigio internacional derivado de una medida estatal aplicada en 2012. Mientras tanto, el proceso continúa bajo jurisdicción estadounidense, ahora con consecuencias concretas sobre los activos de la principal petrolera del país sudamericano.