Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska, aprobó el embargo de USD 210 millones de activos argentinos depositados en la Reserva Federal de Nueva York. La medida se ejecutará a favor del fondo Attestor Master, producto de los reclamos de deuda impaga por parte de acreedores que no aceptaron los canjes de deuda tras el default del país en 2001.
Esta decisión llega luego de que, en enero de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos habilitara la posibilidad de embargar activos argentinos, rechazando así una apelación del gobierno de Argentina. Además, la jueza congeló otros USD 100 millones, en espera de la resolución de una disputa entre los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund, que también reclaman parte de esos activos.
El origen del conflicto: deuda en default desde 2001
Preska centra el embargo principalmente en activos que forman parte del colateral de los Bonos Brady, títulos emitidos por Argentina en la década de 1990 como parte de un proceso de reestructuración de deuda. Estos bonos estaban respaldados por títulos del Tesoro de EE.UU., que quedaron en garantía en caso de incumplimiento de pago.
Desde el default de 2001, varios fondos de inversión (denominados "holdouts" o "fondos buitre") iniciaron litigios para recuperar el dinero adeudado. Algunos de estos fondos, como Attestor Master, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, adquirieron bonos en default a inversores originales que nunca aceptaron los canjes de 2005, 2010 y 2016.
Según el especialista Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, Bainbridge Fund intentó embargar más fondos, pero la jueza sólo congeló USD 100 millones. Estos serán disputados en la corte entre los acreedores.
Los fondos embargados y su impacto en Argentina
El fallo de Preska afecta directamente a los activos que Argentina entregó como garantía de los Bonos Brady. En 2023, tras completar el pago de esos bonos, los títulos del Tesoro de EE.UU. que los respaldaban quedaron liberados, lo que permitió que fueran embargados por los holdouts.
Con esta nueva ejecución, Argentina enfrenta una situación más compleja en sus litigios internacionales, ya que en las últimas semanas también se concretó la ejecución de una garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres. Este nuevo embargo representa un revés para la estrategia legal del país, que agotó sus recursos en la Corte Suprema de EE.UU. Sin más opciones de apelación, la ejecución de los fondos podría consolidar una mayor presión de los acreedores sobre otros activos argentinos en el exterior.
Mientras tanto, el litigio con los holdouts es una de las múltiples disputas legales que enfrenta Argentina por incumplimientos de deuda pasados. Con el embargo ya aprobado, el siguiente paso será la disputa entre los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund por la distribución de los USD 100 millones congelados. El gobierno argentino deberá ahora evaluar estrategias para evitar que otros activos en el exterior sean embargados, en un contexto de crisis económica y financiera que limita su margen de maniobra en los mercados internacionales.
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