Ciudad de Buenos Aires ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: X @YPFoficial
El Grupo Petersen, liderado por la familia Eskenazi, pasó en cuatro décadas de manejar una constructora local a participar en una de las disputas económicas más relevantes para el Estado argentino: el juicio por la expropiación de YPF. Este ascenso empresarial, marcado por adquisiciones estratégicas, financiamiento externo y vínculos con el poder político, convirtió al apellido en sinónimo de discreción, influencia y litigio internacional.
Su expansión comenzó en los años ochenta, cuando Enrique Eskenazi, ingeniero químico oriundo de Santa Fe, adquirió la empresa Petersen, Thiele & Cruz, una firma constructora en crisis. Desde allí diversificó su cartera hacia sectores como servicios urbanos, finanzas, agroindustria e infraestructura. Su bajo perfil contrastó con la magnitud de los negocios: en 2023, Forbes lo ubicó entre los veinte argentinos más ricos.
La relación clave para su crecimiento fue con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien en los años noventa promovió la privatización del Banco Santa Cruz, adquirido por el grupo Eskenazi. Años después, durante los gobiernos kirchneristas, esa institución otorgó créditos millonarios a la familia presidencial, lo cual fue señalado por el fiscal Diego Luciani como parte de una red de relaciones económicas con favoritismos cruzados.
El crecimiento se consolidó con la adquisición de un 25% de YPF entre 2008 y 2011. La compra, avalada por Repsol y financiada con préstamos a pagar con futuros dividendos, permitió a los Eskenazi ingresar a una industria en la que no tenían experiencia previa. "Se comprometieron a pagar 100, y 98 llegaban vía dividendos en el futuro", explicó el abogado Juan Javier Negri, en referencia a la escasa inversión inicial.
Durante el año 2012, el Estado argentino reestatizó YPF, omitiendo ofrecer el mismo trato a los accionistas minoritarios, como establecía el estatuto. Esto dio origen a un juicio en Nueva York impulsado por Burford Capital, que compró los derechos de litigio a las sociedades del Grupo Petersen declaradas en quiebra. En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor del reclamo y ordenó a Argentina pagar 16 mil millones de dólares, decisión que fue apelada.
Una parte clave del proceso aún no fue aclarada: el 30% de los derechos de la demanda no fue vendido a Burford, y su titularidad permanece sin identificar. "Hay fundadas sospechas de que la familia Eskenazi retuvo una parte del pleito", indicó Negri. Esa fracción valdría alrededor de 5.000 millones de dólares, en caso de concretarse el cobro.
Tras el fallecimiento de Enrique Eskenazi en 2024, el conglomerado quedó en manos de sus hijos, quienes mantienen la tradición de no dar declaraciones públicas. En la web corporativa aún figura una carta donde se describen como "uno de los más importantes grupos económicos de capitales íntegramente argentinos".