Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Los fondos Burford Capital y Eton Park retomaron las negociaciones con el Gobierno argentino para intentar resolver el conflicto legal iniciado hace más de diez años por la expropiación del 51% de YPF.
Dicha disputa se remonta a 2012, cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la mayoría accionaria de la petrolera. Más tarde, ambos fondos iniciaron demandas de forma separada en los tribunales estadounidenses. En septiembre de 2023, una corte del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de los demandantes por un total de US$16.100 millones.
El 30 de junio de 2025, la jueza Loretta Preska emitió una nueva orden que podría acelerar el desenlace del caso. En su resolución, Preska ordenó a la República Argentina entregar sus acciones de YPF en un plazo máximo de 14 días. En el texto judicial se indica: "La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) obtener el permiso del Congreso Nacional con dos tercios de los votos, (2) impulsar un cambio legislativo, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes".
Los contactos entre los fondos y el Gobierno se intensificaron a partir del recambio presidencial de diciembre de 2023. Durante su campaña, Javier Milei propuso la eventual privatización del control accionario de YPF, lo que despertó interés entre inversores extranjeros.
En Burford contrataron como mediadores a tres economistas argentinos radicados en el extranjero: Gerardo Mato, Hernán Rizzolo y Tomás Gaona. Mato, exejecutivo del banco HSBC, reside en Greenwich, Connecticut. En septiembre de 2023 organizó una reunión en su domicilio entre asesores económicos de Milei e inversores locales.
Al encuentro acudieron Darío Epstein, directivo de Research for Traders, y Juan Nápoli, presidente del banco VALO. La cita ocurrió pocos días después de la sorpresiva victoria electoral de Milei en las elecciones primarias de agosto.
El fondo Burford adquirió los derechos para litigar en 2015, luego de pagar 15,1 millones de euros al Estado español y comprometer el 30% de una eventual compensación. Los derechos provenían de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, controladas por la familia Eskenazi, que habían comprado acciones de YPF a Repsol en 2008.
Para financiar esa operación, las compañías tomaron préstamos respaldados por futuros dividendos. La suspensión de pagos tras la expropiación precipitó su quiebra en España. Según el expediente judicial, la familia Eskenazi afirmó no tener participación en la demanda en curso.
En paralelo, Eton Park había comprado en 2010 el 3,04% de YPF por US$458 millones. Repsol, la empresa española exaccionista mayoritaria, recibió en 2014 un pago de US$5000 millones como compensación tras un acuerdo negociado por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.
Representado en la apelación, el Estado argentino cuenta con la defensa del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP. El caso se encuentra actualmente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que debe conformar un panel de tres jueces y definir una fecha para la audiencia correspondiente.
En una declaración pública, Burford Capital sostuvo: "Si bien este es un avance positivo en la campaña de cumplimiento contra la Argentina, es totalmente posible que sea objeto de ulteriores procedimientos judiciales".
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