Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martín Olivera
El Gobierno argentino presentó denuncias judiciales tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e incluyó entre sus hipótesis la participación de un supuesto espionaje ruso. La decisión generó reacciones diplomáticas y un amplio debate político sobre la legalidad de las medidas adoptadas.
Durante el 29 de agosto de 2025, en Casa Rosada, se conformó una mesa de estrategia judicial integrada por asesores presidenciales y representantes legales de La Libertad Avanza. Allí resolvieron promover una denuncia penal para encuadrar la difusión de grabaciones como parte de una "operación de servicios ilegales" contra el Ejecutivo, en la semana previa a las elecciones bonaerenses.
Esa misma jornada, el apoderado partidario Santiago Viola presentó un escrito en el fuero Civil y Comercial Federal solicitando una cautelar. Allí pidió frenar la publicación de "cualquier chat, audio, foto o video" vinculados a la voz de Karina Milei y señaló un riesgo para su "honor", su "familia" y la "seguridad nacional". El lunes 1 de septiembre, el juez Alejandro Maraniello concedió parcialmente la medida, al ordenar la suspensión de difusión de grabaciones realizadas dentro de la Casa de Gobierno.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py. El escrito, firmado por el abogado Fernando Soto, sostuvo que existió "una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia". La presentación recayó en el juzgado de Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.
A raíz de esa denuncia vincularon el caso con actores políticos y mediáticos. Según el escrito, "la trama revela una red viscosa y pestilente, que comprendería a operadores políticos y a esferas de inteligencia no institucionales". También se señaló al canal de streaming Carnaval, responsable de difundir los primeros audios, y se mencionaron vínculos con dirigentes opositores pertenecientes al fútbol argentino.
Javier Milei se expresó en redes sociales sobre el tema: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte", publicó en su cuenta de X, donde también aseguró que esos actores "no están por encima de la ley".
La embajada de Rusia en Buenos Aires difundió un comunicado de respuesta en el que advirtió: "Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto". En el mismo texto, se afirmó: "Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas".
Además, la representación diplomática agregó que Rusia mantiene con Argentina "una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos". Con este pronunciamiento, Moscú buscó despejar cualquier señalamiento que vincule a su país con las investigaciones en curso en tribunales argentinos.