Los funcionarios latinoamericanos que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos

Estados Unidos intensificó sus medidas diplomáticas contra funcionarios y exmandatarios latinoamericanos vinculados a corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Estas restricciones, que incluyen la prohibición de ingreso al país, forman parte de políticas dirigidas a sancionar comportamientos que, según Washington, atentan contra los valores democráticos.

Como parte de un anuncio oficial del Departamento de Estado, el 21 de marzo de 2025 se informó la inclusión de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en la lista de personas inhabilitadas para ingresar a Estados Unidos. En el comunicado se afirmó que la medida responde a "actos significativos de corrupción" durante su mandato presidencial.

La exmandataria fue señalada junto con su exministro de Planificación, Julio De Vido, quien también enfrenta restricciones de ingreso. Ambos están vinculados a un esquema de desvío de fondos mediante contratos de obras públicas en Argentina. Estas acciones, según la posición estadounidense, violan los principios de transparencia y buena gobernanza.

Además de Cristina Fernández de Kirchner, otros líderes latinoamericanos permanecen bajo sanciones similares. El presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y los dirigentes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel encabezan la lista de figuras con prohibición de ingreso por presunta represión política y ataques a la democracia.

En el ámbito sudamericano, se suman los expresidentes Horacio Cartes, de Paraguay; Juan Orlando Hernández, de Honduras; y Ricardo Alberto Martinelli, de Panamá. Todos fueron señalados por Estados Unidos en distintos informes que documentan hechos de corrupción, lavado de dinero y uso indebido de fondos estatales.

También figuran entre los sancionados el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas. Ambos enfrentaron procesos judiciales en su país relacionados con sobornos y contratos adjudicados de manera irregular durante su administración. La situación del asilo de Jorge Glass llevó a un conflicto internacional entre México y Ecuador.

Varios países del Triángulo Norte de Centroamérica también han sido objeto de atención. En Guatemala, el juez constitucional Fredy Raúl Orellana Letona fue sancionado por, según Washington, autorizar procesos penales sin fundamento legal. En El Salvador, José Edgardo Bruno Ventura, exagente de la Policía Nacional Civil, fue señalado por su colaboración con pandillas y redes delictivas.

En Nicaragua, funcionarios clave del gobierno de Daniel Ortega fueron objeto de sanciones por participar en la represión de opositores. Entre ellos están la fiscal Marling de Jesús Castro Rodríguez y la procuradora Wendy Carolina Morales Urbina, quienes, según las autoridades estadounidenses, promovieron leyes restrictivas y ejecutaron acciones contra la libertad de expresión.

Para la administración de Donald Trump, medidas como estas forman parte de una estrategia para fortalecer el Estado de derecho en la región, implementadas principalmente a través de mecanismos como la Lista Engel. Este instrumento, utilizado desde 2021, identifica a personas involucradas en corrupción y socavamiento de la democracia en Centroamérica, y se extendió a otros países del continente.