Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Gobierno de Javier Milei anunció la finalización de 2.400 contrataciones presuntamente irregulares en el Ministerio de Justicia y la eliminación de un incentivo destinado a capacitaciones que, según afirmaron, no se llevaban a cabo. A su vez, se comunicó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) perderá la exclusividad en las capacitaciones de conductores profesionales, permitiendo la libre competencia en el sector.
Durante la conferencia de prensa del 17 de diciembre en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que los despidos corresponden a empleados contratados "de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público". Señaló que los trabajadores estaban vinculados al Ministerio de Justicia a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En cuanto a los incentivos eliminados, Adorni precisó que estos representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos y estaban destinados originalmente a la capacitación del personal del Ministerio. Sin embargo, sostuvo que estos recursos se desvirtuaron con el tiempo: "Se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación ni de ninguna otra cuestión que haga que eso se justifique. Como dijimos siempre, y como venimos haciendo, toda caja que encontremos donde es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar".
Luego, se presentó un relevamiento realizado en la provincia de Chaco sobre las pensiones por discapacidad laboral. Según los datos oficiales, de 2.689 beneficiarios citados, 2.344 (un 87,17%) asistieron a la convocatoria. Tras el proceso de auditoría, solo 365 casos (13,58%) resultaron favorables, cumpliendo con los requisitos para mantener el beneficio.
Por otro lado, la Secretaría de Transporte anunció la creación de un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional para conductores de transporte automotor de pasajeros, con el objetivo de desregular el sistema y fomentar la competencia. Esta medida le quita a la UTA la exclusividad en las capacitaciones, una actividad por la que el sindicato recibió alrededor de 11 mil millones de pesos anuales desde 2019.
"A partir de ahora cualquier prestador que quiera dar estas capacitaciones lo podrá hacer. Simplemente va a tener que anotarse en el registro de prestadores de evaluación y formación profesional de conductores del transporte automotor de pasajeros y listo, a partir de ahí va a poder hacerlo terminando con el monopolio del sindicato", detalló Adorni. La medida se enmarca en las políticas de desregulación y reducción de monopolios estatales impulsadas por el Gobierno libertario.
Estas medidas se alinean con la estrategia de ajuste fiscal y reestructuración del gasto público que el Ejecutivo promueve desde el inicio de su gestión. El foco sigue puesto en la eliminación de prácticas consideradas "irregulares" o innecesarias.
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