Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
En mayo de 2025, el Gobierno de Argentina dispuso un incremento del 2,5% en las tarifas de luz y gas, un ajuste considerado por debajo del índice de inflación, de acuerdo con información oficial difundida por el medio Infobae. La decisión llega en un contexto en el cual la administración económica busca evitar mayores presiones sobre el consumo y la capacidad adquisitiva de los hogares.
Funcionarios de la Secretaría de Energía aseguraron que este ajuste corresponde a la finalización de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), proceso llevado adelante junto a las empresas de transporte y distribución. "La revisión estableció bases para un esquema de actualización tarifaria que, aunque ya diseñado, aún no tiene fecha de implementación", informaron desde la cartera energética.
Durante el proceso de revisión, se determinó que las tarifas energéticas seguirán un esquema basado en un índice combinado de inflación mayorista y minorista. No obstante, su puesta en práctica será evaluada de acuerdo con las condiciones macroeconómicas futuras. Un funcionario del área energética declaró a Infobae: "La prioridad del Gobierno consiste en sostener la estabilidad económica y proteger a los usuarios mientras se recupera la inversión en infraestructura".
Especialistas en economía doméstica han señalado que los ajustes de servicios públicos tienen un impacto directo en la canasta básica familiar. Según un informe reciente del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), los aumentos tarifarios moderados contribuyen a evitar una mayor presión inflacionaria en el corto plazo. El informe concluye: "Ajustes tarifarios por debajo del índice general de precios permiten amortiguar parcialmente los efectos regresivos sobre el ingreso real de las familias".
Al mismo tiempo, el estudio advirtió que, en caso de acelerarse los aumentos por encima de la inflación, se podría comprometer la estabilidad de los sectores más vulnerables. Este escenario resulta relevante si se considera que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró durante los últimos dos meses una aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Directamente desde la Secretaría de Energía se remarcó que "la nueva política tarifaria persigue objetivos de previsibilidad y gradualidad", criterios esenciales para sostener el equilibrio entre competitividad empresarial y protección del consumo masivo.
Igualmente, al considerar la evolución reciente de los precios, investigaciones académicas del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) destacaron que una política de ajustes moderados en tarifas puede ser eficaz en contextos de alta volatilidad inflacionaria. En su último reporte, el CESO señaló: "Una política de aumentos tarifarios contenidos ayuda a desacelerar expectativas inflacionarias y contribuye a fortalecer el poder adquisitivo en términos reales".
No solo las tarifas de energía fueron objeto de ajustes controlados sino que el Ejecutivo nacional decidió posponer nuevamente el incremento del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La decisión, de acuerdo con estimaciones de la consultora Economía y Energía, representa un costo fiscal mensual superior a los 200 millones de dólares.
Así, las medidas adoptadas durante mayo de 2025 buscan equilibrar los efectos económicos de la inflación con una administración fiscal cuidadosa. Al implementar aumentos de tarifas limitados y postergar cargas tributarias sensibles, el Gobierno procura mitigar los impactos más inmediatos sobre el bolsillo de los ciudadanos, en un momento crítico para la recuperación del consumo interno.
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